Guadalupe Taddei comunicó que dejará su puesto como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) de México al presentar su dimisión formal ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre. La dimisión se produce tras la difusión de reportes periodísticos que apuntaron a posibles conflictos de interés y a un esquema de triangulación de fondos con proveedores del organismo.
«Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral», expresó la funcionaria mediante un comunicado, donde agregó que su determinación busca resguardar a la institución.
The salida de Taddei se desencadenó a raíz de publicaciones del diario Reforma sobre una red de al menos siete proveedores que presuntamente simularon competencia en licitaciones y participaron en operaciones con empresas emisoras de facturas por servicios o bienes inexistentes. Estos hechos ocurren durante el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2026-2027, puesto en marcha el pasado 10 de septiembre para renovar 17 gubernaturas, 500 diputaciones y la integración del Congreso.
En relación a las acusaciones, Taddei señaló: “no soy ajena a los señalamientos que durante los últimos días se han difundido en medios de comunicación y redes sociales donde se han circulado trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito como en todos los casos deben verificarse y corroborarse”. Asimismo, sumó: “Tengo la convicción de que toda denuncia, cualquiera que sea su origen o la persona a quien se refiera, debe esclarecerse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho”.
El sábado previo a su anuncio, el organismo electoral relevó de sus puestos a funcionarios de áreas estratégicas para facilitar una pesquisa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el manejo de fondos públicos. La ASF indicó que detectó indicios de anomalías en contrataciones, colusiones, posibles conflictos de interés y desvío de recursos tras las publicaciones periodísticas.
Al respecto, Taddei valoró que la intervención de la ASF demuestra el funcionamiento de los contrapesos democráticos y reiteró que apoya una investigación profunda. Sostuvo que «está a favor de que se investigue a fondo» y que «ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley», asegurando que toda la documentación está a disposición de las autoridades.