Francia transita una nueva semana de protestas en las calles después de que las marchas del sábado transcurrieran sin grandes incidentes, tras los destrozos y saqueos registrados el día 17. En este contexto, el Ejecutivo mantiene un encuentro este lunes con referentes estudiantiles para dar respuestas concretas a los reclamos que se sostienen desde hace más de un mes.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, encabeza la reunión con los dirigentes de las agrupaciones de alumnos de secundaria, quienes exigen la modernización de los establecimientos escolares, mejores condiciones para estudiar y la eliminación de Parcoursup, la plataforma de ingreso a la educación superior. Al término del encuentro, el ministro de Educación, Édouard Geffray, y el titular de Enseñanza Superior, Philippe Baptiste, brindarán una conferencia de prensa con los detalles de las medidas del Gobierno.
Previamente, el viernes pasado, un grupo de cerca de veinte delegados estudiantiles mantuvo un encuentro de unas tres horas en el Palacio del Elíseo con el presidente Emmanuel Macron. En dicha ocasión, el mandatario expresó su intención de escuchar los planteos y aseguró que impulsará una «reforma en profundidad» de Parcoursup, además de comprometerse a dar contestaciones «muy concretas».
Las protestas estudiantiles comenzaron hace más de un mes con bloqueos en los colegios secundarios y posterior movilización en las calles, y continuaron incluso durante el receso escolar iniciado el día 17 que se extiende hasta el 2 de noviembre. Por su parte, el Ejecutivo había anunciado a comienzos de mes un esquema para reemplazar a los docentes que faltan, incorporando ya a 2.000 sustitutos de los 3.000 prometidos, una iniciativa que recibió una aceptación moderada.
Para los próximos días se aguardan nuevas medidas de fuerza, entre ellas las caceroladas convocadas por los ‘chalecos amarillos’ para el viernes por la tarde frente a la Asamblea Nacional. Esta protesta rechaza la «deriva autoritaria» de Macron y su administración y defiende las libertades públicas, en oposición a las restricciones a las marchas sin aval sindical y a los toques de queda en áreas urbanas afectadas por los disturbios del día 17.
La agrupación de los ‘chalecos amarillos’, surgida en el otoño de 2018 inicialmente contra el encarecimiento de los combustibles y ampliada luego contra el costo de vida, los tributos y la gestión presidencial, también convocó a una nueva protesta para el sábado 31 de octubre frente a la Asamblea Nacional y los ayuntamientos.
A su vez, las cinco principales centrales sindicales del país -CFDT, CGT, FO, Unsa y FSU– ratificaron la huelga y las movilizaciones previstas para el jueves 5 de noviembre. Los gremios exigen respuestas urgentes a las demandas sociales y ecológicas, reclaman incrementos salariales y jubilatorios, y piden la suba del índice de los empleados públicos, el salario mínimo y las ayudas sociales, en continuidad con la jornada realizada el pasado 29 de septiembre.
Estos reclamos fueron respaldados por los manifestantes que marcharon los días 17 y 24 de octubre, cuya cifra fue estimada en 800.000 personas por la Confederación General del Trabajo (CGT). En tanto, el Ministerio del Interior cifró la asistencia en 410.000 personas el sábado pasado, por debajo de los 550.000 participantes registrados en la semana previa, cuando los desmanes opacaron los reclamos.