Un proyecto energético de larga data en Alaska se convirtió en un tema central dentro de la contienda por el Senado en las elecciones de medio mandato, a pesar de arrastrar más de medio siglo de obstáculos y dudas sobre su viabilidad para aprovechar reservas de gas natural, abaratar combustible y crear empleo.
El plan Alaska LNG consiste en una gran infraestructura valuada entre 44.500 y 54.500 millones de dólares para trasladar gas natural desde el norte del estado hasta los mercados internos y externos mediante un gasoducto de más de 1.300 kilómetros.
La iniciativa cobró relevancia nacional debido a las posibilidades de que los demócratas arrebaten el escaño republicano en juego el 3 de noviembre, lo que alteraría el equilibrio de poder en la Cámara Alta y afectaría al presidente Donald Trump, respaldador del proyecto y buscador de inversores extranjeros.
En su visita a Alaska, el mandatario anunció un compromiso de inversión de Taiwán por 4.400 millones de dólares para la obra, además de considerar un acuerdo similar con Corea del Sur.
Matthew Berman, profesor de Economía e investigador de la Universidad de Alaska, señaló que el riesgo de sobrecostos por decenas de miles de millones de dólares y la falta de contratos en firme para adquirir el gas "pone en duda" su viabilidad comercial.
El catedrático explicó que la iniciativa lleva más de 50 años sin concretarse y afirmó: «Este proyecto siempre ha dependido más de intereses políticos que de criterios económicos o de mercado; y hoy la situación no es distinta».
Trump realizó el anuncio del compromiso taiwanés para respaldar al senador republicano Dan Sullivan frente a la excongresista demócrata Mary Peltola, en una elección empatada o favorable a ella que podría definir el control del Senado.
Una derrota en ese estado tradicionalmente republicano significaría un golpe para el partido y el presidente, por lo que se promueve la iniciativa que, según su promotor privado, creará 12.000 empleos temporales en la construcción y 1.000 fijos en la operación.
Por otra parte, organizaciones ecologistas manifestaron su rechazo al proyecto. Erik Grafe, abogado director de Earthjustice en Alaska, indicó que la iniciativa plantea «enormes amenazas» medioambientales.
«Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a este proyecto son enormes y perjudicarían tanto a nuestro planeta como a Alaska, agravando la crisis climática y las condiciones que provocan desastres», sostuvo el activista.
Grafe advirtió que el gasoducto podría dañar amplias zonas, provocar la pérdida de más de 10.000 acres de humedales, afectar ecosistemas sensibles y dañar especies amenazadas como las belugas de la ensenada de Cook.
Asimismo, criticó que el plan «amenaza con retrasar aún más la tan necesaria transición de Alaska desde los combustibles fósiles hacia las energías limpias».
La región de North Slope cuenta con cerca de 35 billones de pies cúbicos de reservas probadas de gas natural y un recurso potencial de otros 200 billones de pies, lo que representa las mayores reservas de Norteamérica.
Berman y Grafe coincidieron en que, pese al apoyo generalizado de los políticos locales de distintos partidos al gasoducto, el tema no ha sido históricamente decisivo en las urnas.
«Aconsejaría a los votantes de Alaska que no den mucha credibilidad a las afirmaciones de los políticos y candidatos sobre su capacidad para modificar los desafíos fundamentales del proyecto de LNG, que aún debe demostrar su viabilidad comercial antes de poder avanzar», concluyó el investigador.