El Ministerio Público de Paraguay solicitó la prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña, a quien imputó formalmente por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La medida fue requerida durante su comparecencia ante la Fiscalía, en el marco de la investigación por el cierre de Ueno bank, entidad a la que estuvo vinculado y cuyo caso derivó en su destitución.
Peña fue trasladado a la sede fiscal tras ser destituido por el Senado en un juicio político bajo la acusación de «mal desempeño de funciones». El exmandatario pasó la noche en el Regimiento Escolta Presidencial debido a la presencia de manifestantes frente a su domicilio particular y llegó a declarar sin esposas y con una reducida escolta policial.
Además de Peña, la Fiscalía solicitó la detención de Carlos Carvallo, quien hasta el martes pasado dirigió el Banco Central del Paraguay y se presentó ante las autoridades. En la misma causa fueron imputadas 27 personas, incluidos directivos y fundadores de la entidad financiera, mientras que la sucesión presidencial quedó a cargo de Pedro Alliana para completar el periodo hasta 2028.
Por su parte, el vicepresidente Antonio Barrios aseguró que el nuevo Ejecutivo recurrirá a países «aliados» para rastrear los fondos manejados por el banco disuelto. El cierre de la institución, que contaba con 2,94 millones de clientes y fondos públicos congelados, desató una crisis que afectó a ahorristas y jubilados.
Respecto a la investigación, Barrios señaló que aguardarán el accionar judicial y afirmó: «Que la justicia haga lo que tenga que hacer y no quiero emitir ningún juicio de valor en ese sentido». El funcionario también relató que legisladores habían solicitado informes al Banco Central tras recibir documentación sobre las operaciones de la entidad financiera.