El proyecto de ley de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso al límite del plazo del martes proyecta para los organismos del sistema científico fondos que acompañarán la inflación estimada del 18 por ciento. La iniciativa abarca a entidades como el CONICET, la CONAE, la CNEA y la Agencia I+D+i, que de no cumplirse dicha previsión oficial volverán a perder capacidad de financiamiento real tras una caída previa del 35 por ciento en sus ingresos desde diciembre de 2023.
En paralelo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria experimentará una quita nominal de recursos del 12,4 por ciento, mientras que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial tendrá una reducción nominal del 5,2 por ciento. Ambos organismos acumulan desde 2024 un proceso de desfinanciamiento y pérdida de personal, con recortes reales que superan el 43 por ciento en el caso del INTA y se aproximan al 49 por ciento en el INTI.
Respecto de las universidades nacionales, la iniciativa del Poder Ejecutivo asigna 7,34 billones de pesos, un monto que contrasta con los más de 11 billones requeridos por el Consejo Interuniversitario Nacional. Asimismo, el texto incluye una cláusula en su Capítulo II que obliga a las casas de altos estudios a informar el destino de sus gastos al Ministerio de Capital Humano y habilita al Gobierno a suspender las transferencias de fondos ante incumplimientos.
Ante este panorama, los rectores cuestionan la medida al considerar que vulnera la autonomía universitaria y tildan de insuficiente la propuesta presupuestaria. Los referentes del sector reclaman la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario vigente y prevén un escenario de conflictividad.