Durante las primeras audiencias del juicio correspondiente a las causas Hotesur y Los Sauces, la Fiscalía comenzó a detallar la acusación contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner, señalando un presunto esquema de lavado de dinero estructurado dentro del núcleo familiar.
De acuerdo con la investigación, la firma Los Sauces S.A. fue constituida el 7 de noviembre de 2006 en Río Gallegos, Santa Cruz, por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y su hijo Máximo ante el escribano Jorge Marcelo Ludueña. El capital inicial ascendió a 100.000 pesos, con una participación del 45 por ciento para cada uno de los entonces mandatarios y el 10 por ciento restante para su hijo, quien asumió como presidente del directorio.
La acusación presentada por el fiscal Diego Velasco ante el Tribunal Oral Federal N.º 5 indicó que, entre 2006 y 2016, los órganos de la sociedad estuvieron integrados exclusivamente por miembros de la familia y allegados. La fiscalía sostuvo que, al tratarse de una maniobra vinculada a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, la conducción recayó en personas de confianza para garantizar la coordinación de los actos.
Tras la conformación inicial, el esquema directivo se mantuvo de forma espejada y con delegaciones de poder hacia Máximo Kirchner, quien a partir de 2009 concentró las decisiones por unanimidad. Con posterioridad al fallecimiento de Néstor Kirchner en 2010, Florencia Kirchner se incorporó como vicepresidenta en 2012, mientras que en 2015 Romina de los Ángeles Mercado, hija de la ex gobernadora Alicia Kirchner, asumió la presidencia de la firma.
El requerimiento fiscal detalla que los integrantes de la familia y su sobrina intervinieron en la aprobación de compras de inmuebles, aportes de accionistas, contratos de locación y en la administración de fondos. La investigación remarcó que la sociedad inmobiliaria operaba sin una sede social operativa ni empleados formales durante largos períodos, registrando únicamente al jardinero personal de Cristina Kirchner en 2010 y a Florencia Kirchner en 2015.
Asimismo, el expediente consigna que la empresa atravesó una etapa inicial de inactividad entre fines de 2006 y principios de 2009, lapso en el cual adquirió diversas propiedades que luego se utilizaron para concretar alquileres con empresarios como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza. Según la acusación, dichas locaciones no pasaron por el análisis del órgano de administración y los contratos se canalizaron de manera directa con las firmas investigadas.