El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas resolvió no expedirse de manera urgente sobre la solicitud para revisar la condena dictada contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, fallo que le impuso seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El organismo internacional evitó precisar si tratará las presentaciones de la defensa y advirtió que, en caso de aceptarlas, el proceso podría extenderse durante varios años.
Ante una consulta de la agencia EFE, la entidad señaló que "habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente".
Frente a este escenario, la agencia Noticias Argentinas consultó al abogado de derechos humanos Gregorio Dalbón, quien sostuvo que "hay dos cuestiones bien diferentes" y detalló: "Una es la cuestión de fondo, que ciertamente tarda por la cantidad de casos que tienen. La otra situación que no debería tardar es la cautelar en relación con la inhabilitación perpetua porque en esta situación se estarían violando innumerables derechos humanos que deberían cesar hasta que haya una resolución definitiva del fondo de la cuestión". El letrado añadió que las definiciones políticas y los recursos judiciales locales serán manejados técnicamente por el equipo legal y políticamente por la exmandataria.
Dalbón resumió que "acá no hay mucha historia" y puntualizó que "la sentencia, si bien está firme, hoy se encuentra en estudio del Comité y el artículo 366 inciso F dice que es obligación (vinculante) si saliera la cautelar la situación para la justicia argentina". Asimismo, cuestionó las restricciones sufridas por la dirigente al mencionar "las condiciones extremas de la prisión domiciliaria como los horarios de visita, horarios de sol y demás horarios y permisos", y comparó esa situación con la de represores de la última dictadura.
En ese sentido, el abogado aseveró que "lo que están haciendo con CFK es una solapada pena de muerte civil desde el punto de vista político con la inhabilitación perpetua, que es claramente inconstitucional". También afirmó que "es mentira que no se planteó como informa Lorenzetti y por otro lado no quieren que tome sol y la quieren aislar violando el sentido de la propia prisión domiciliaria".
"Están violando todos los derechos humanos de CFK. Por eso esperamos una resolución en este sentido en breve", concluyó el letrado. El planteo presentado ante el organismo internacional incluye tres medidas cautelares: frenar la inhabilitación para ocupar cargos públicos, revisar las condiciones de la reclusión domiciliaria y modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia.