El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra la Corte Penal Internacional, poco después de que se informara que el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la ex jueza del organismo, la sudafricana Navi Pillay. La medida generó inmediatas reacciones de rechazo en la comunidad internacional ante lo que consideran un intento de socavar la Justicia global.
"Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI", informó el Departamento de Estado mediante un comunicado. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que prohibirán las transacciones con el tribunal para cortar sus recursos y paralizar su funcionamiento.
Rubio sostuvo que Estados Unidos nunca formó parte de la corte y reiteró el rechazo histórico de republicanos y demócratas a que el tribunal enjuicie a ciudadanos, militares o líderes políticos estadounidenses. En esa línea, aseguró que el presidente Donald Trump no permitirá que la CPI procese a ciudadanos de su país y lanzó una advertencia al señalar que o la corte pone fin a sus amenazas o Washington pondrá fin a la CPI, aunque otorgó un plazo de seis meses para que los Estados miembro atiendan las demandas estadounidenses.
Por su parte, la Corte Penal Internacional rechazó las sanciones y manifestó que la historia juzgará este momento, calificando la decisión de Washington como un ataque al Estado de derecho y al orden jurídico internacional. El tribunal, que cuenta con 125 países miembros, señaló que se trata de un intento de obstaculizar la justicia y reclamó a sus integrantes que adopten medidas concretas para garantizar la continuidad de sus operaciones.
Diversos actores internacionales expresaron su rechazo a las medidas de Washington, entre ellos la Unión Europea, que reafirmó su respaldo a las investigaciones y enjuiciamientos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido manifestaron su profundo desacuerdo, mientras que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, calificó la decisión de inaceptable y Amnistía Internacional llamó a resistir el ataque. En contraparte, Israel fue el único país que aplaudió la determinación del gobierno estadounidense.