El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla una caída real de los recursos destinados a Educación y asignaciones para las universidades nacionales inferiores a las solicitadas por los rectores. En paralelo, la iniciativa prevé una inversión calculada en US$ 350 millones entre 2026 y 2027 para infraestructura militar y logística en Ushuaia y la Antártida.
La función Educación y Cultura cuenta con $11,20 billones, lo que implica un incremento nominal del 27,2% frente a 2026. Con una inflación estimada en torno al 30%, esa variación significa una reducción real cercana al 2,2%, mientras que los fondos de la Secretaría de Educación exhiben una suba nominal del 23%.
Las universidades nacionales constituyen uno de los principales focos del conflicto, ya que el proyecto asigna $7,35 billones. La cifra se ubica unos $3,65 billones por debajo de los $11 billones requeridos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar el funcionamiento del sistema.
Este desfasaje motivó que el sector universitario convoque a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre y que la Universidad de Buenos Aires (UBA) anuncie un cronograma de paros escalonados entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre.
“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no”, afirmó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.
Por su parte, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que si el Parlamento aprueba la iniciativa en los términos propuestos por el Ejecutivo, “todas las funciones y programas que brindan las universidades se van a ver afectados”.
En simultáneo, el ministro de Defensa, Carlos Presti, detalló que la administración nacional proyecta destinar cerca de US$ 350 millones a las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia y la Base Antártica Conjunta Petrel. El monto abarca recursos de 2026 y 2027, incluidos US$ 142 millones asignados a través del DNU 867 y partidas del próximo ejercicio.
Presti indicó que los fondos para Ushuaia no figuran especificados bajo la denominación de “Base Naval Integrada” en el texto presupuestario, sino incluidos dentro de las partidas de la Armada Argentina. El Gobierno planea licitar la construcción de galpones y el muelle en octubre, con inicio de obras previsto para enero de 2027.
La iniciativa en Ushuaia incluye un muelle de unos 585 metros, infraestructura de apoyo, obradores y capacidad logística antártica con participación de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. El costo total del complejo se calcula entre US$ 400 millones y US$ 500 millones, con meta de finalización hacia 2029.
A diferencia de Ushuaia, el Presupuesto identifica de manera expresa las obras en la Base Antártica Conjunta Petrel, situada en la isla Dundee, para las cuales se destinan $30.433 millones entre 2027 y 2028 para levantar su muelle.
Asimismo, el proyecto solicita autorización legislativa para efectuar operaciones de crédito público por hasta US$ 3.500 millones orientadas a incorporar equipamiento para las Fuerzas Armadas. De ese total, US$ 2.300 millones se asignan a tres submarinos para la Base Naval Mar del Plata y US$ 1.200 millones a dos fragatas multimisión para Puerto Belgrano.
El contraste entre ambas asignaciones será definido por los legisladores durante el debate parlamentario del Presupuesto. El CIN adelantó gestiones ante diputados, senadores y gobernadores para elevar los fondos universitarios, mientras los gremios remarcan que los recursos resultan insuficientes para sostener las casas de estudio.
Por su parte, el Gobierno defendió los incrementos nominales en educación y justificó las inversiones en Ushuaia y la Antártida como parte de su política para afianzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.