Un informe oficial reveló que la cantidad de trabajadores formales que empezaron a cobrar el seguro por desempleo tras ser despedidos sin causa justa creció casi un 30% entre enero y septiembre de este año. En ese lapso, 145.004 personas accedieron al beneficio, lo que representa una suba del 29,4% frente a las 112.056 altas registradas en idéntico período del año pasado. La destrucción de puestos de trabajo afectó mayoritariamente a la industria con 35.922 casos, al comercio con 32.928 y a la construcción con 21.663.
Durante septiembre, un total de 127.613 individuos percibieron la asistencia, contemplando ingresos y salidas por reingresos laborales o finalización de la cobertura. El monto medio abonado se ubicó en $325.368, evidenciando un incremento interanual del 18,7% en comparación con los $274.324 de doce meses atrás. Dicho incremento en el haber quedó por debajo de la inflación interanual, que fue del 33,4%.
La estadística de septiembre detalla que 86.288 beneficiarios son varones y 41.325 son mujeres. Geográficamente, la provincia de Buenos Aires encabeza el registro con 54.936 casos, seguida por Santa Fe con 9.698, Córdoba con 9.658 y la Ciudad de Buenos Aires con 9.029.
Durante los dos años y nueve meses que lleva la gestión de Javier Milei se acumularon 473.186 altas, desglosadas en 174.335 durante 2024, 153.847 en 2025 y 145.004 en los primeros nueve meses de 2026. Estos guarismos superan los niveles previos, que marcaron 108.942 altas en 2023 y 86.268 en 2022.
El acceso a esta cobertura corresponde a asalariados amparados por la Ley 24.013 de Contrato de Trabajo que sufrieron despidos sin causa, finalización de contratos o situaciones externas. Los requisitos exigen reunir al menos seis meses de aportes en los tres años anteriores a la desvinculación, mientras que para los empleados temporales o eventuales se pide un mínimo de 90 días en el último año y menos de 12 meses trabajados en el trienio.
La cobertura se extiende por un plazo máximo de doce meses, con una extensión de seis meses adicionales para mayores de 45 años, mediante una escala decreciente que abona el 100% en los primeros cuatro meses, el 80% entre el quinto y el octavo, y el 70% entre el noveno y el duodécimo. Los titulares mantienen la cobertura de obra social, las asignaciones familiares y el cómputo de la antigüedad para la jubilación.
Aunque en 2023 el Consejo del Salario Mínimo determinó que el beneficio debía representar el 75% de la mejor remuneración habitual de los seis meses previos, la normativa estableció un piso equivalente al 50% y un techo del 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.