El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresó su rechazo este sábado a la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de firmar una orden ejecutiva que frena de manera temporal la implementación de un paquete de sanciones contra Rusia bajo el argumento de interés nacional. El jefe de Estado ucraniano advirtió que la medida se adopta mientras Moscú ejecuta una ofensiva masiva contra el sector energético de su país.
Zelenski sostuvo en sus redes sociales que en Estados Unidos se optó por desatender la Ley Lindsey Graham, normativa diseñada para aplicar una presión efectiva sobre Rusia y finalizar el conflicto bélico. Asimismo, manifestó que relajar los controles al país agresor y otorgar beneficios financieros a Vladimir Putin constituye un incentivo para continuar con los ataques.
La disposición del gobierno estadounidense impacta sobre la legislación nombrada en honor al fallecido senador republicano Lindsey Graham, quien impulsó el endurecimiento de restricciones económicas a Rusia para limitar su aparato militar. Zelenski remarcó que la norma conserva su utilidad potencial, aunque enfatizó que resulta indispensable su aplicación efectiva.
Por el contrario, el gobierno ruso valoró positivamente la medida a través de Kirill Dmitriev, enviado de Putin que mantuvo encuentros recientes con los delegados norteamericanos Steve Witkoff y Jared Kushner. Dmitriev calificó la paralización de la normativa como un hecho significativo y de carácter histórico.
La decisión oficial de Estados Unidos se produjo tras concretar un entendimiento con Putin para que Rusia provea diésel a los mercados internos e internacionales a cambio de una flexibilización de las penalizaciones. El movimiento ocurre en la antesala de los comicios legislativos de medio término del próximo 3 de noviembre, en un contexto de malestar social por el encarecimiento de los combustibles a raíz del conflicto bélico con Irán iniciado en febrero, y en el cual el oficialismo busca retener el control parlamentario.
A este respecto, Dmitriev afirmó que la vigencia de la Ley Graham habría provocado graves perjuicios económicos tanto a Estados Unidos como a los mercados globales.