Un estudio elaborado por el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA) indicó que el ajuste fiscal llevado adelante por la gestión de Javier Milei redujo los gastos estatales que no están relacionados con los adultos mayores, pero las partidas destinadas a jubilaciones y al PAMI muestran un incremento del 73% en comparación con la década de 1980.
El reporte detalla que “postergar la adaptación de las coberturas para la vejez a la dinámica demográfica lleva a descuidar otras funciones esenciales del Estado”. A la vez, advierte que “estos datos muestran que en la Argentina el gasto para la vejez también presenta una tendencia sostenida al crecimiento con impacto determinante en la dinámica de las finanzas públicas”.
Para llegar a estas conclusiones, el análisis compara la evolución presupuestaria tomando como base igual a 100 el promedio de la década del ochenta. Hacia 1995, las erogaciones para la tercera edad treparon a un índice de 163 y el resto del gasto público bajó a 94, mientras que en 2017 los pagos previsionales marcaron un pico de 220 y las demás funciones subieron a 137.
En el transcurso de 2024, tras el ajuste inicial de la administración libertaria, el resto de las partidas estatales se ubicó en 105 y el gasto destinado a la vejez descendió hasta 173. Desde IDESA puntualizaron que "luego del ajuste aplicado por el actual gobierno, el gasto público no vinculado a la vejez es apenas un 5% superior, en términos del PBI, al que había en el promedio de la década del ’80. El gasto para la vejez, en cambio, es un 73% mayor."
El documento recuerda que la última modificación estructural del régimen previsional ocurrió en 1993 y sostiene que administraciones de distinta extracción ideológica recurrieron a licuar los haberes mediante la inflación y la modificación de la movilidad. En cuanto a la asistencia sanitaria, el informe advierte que el PAMI no fue modificado desde su creación en 1971, generando restricciones prestacionales que trasladan la demanda a los hospitales públicos provinciales.
Por último, la entidad cuestiona las expectativas depositadas exclusivamente en el crecimiento económico o en cambios laborales futuros, señalando que "demorar la adaptación del sistema de la vejez bajo el argumento de que con el retorno del crecimiento económico y la reforma laboral habrá más recursos es un grave error".