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Sancionan al Poder Ejecutivo con una multa diaria por no acatar la cautelar universitaria

octubre 14, 2026

El juez contencioso administrativo federal Martín Cormick estableció una sanción económica diaria contra el Gobierno Nacional debido a la falta de acatamiento de una medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. La penalidad asciende a 100.000 pesos por día y recae sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en su rol de administrador del presupuesto nacional.

La decisión judicial se concretó este miércoles tras el planteo que mantiene el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por la demora en la actualización salarial de docentes y no docentes, además de los recursos insuficientes para becas estudiantiles.

"En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, ello, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100 inciso 1 de la Constitución Nacional y el art. 5 ° de la Ley 27.798, las que se fijan en la suma de $ 100.000 en una primera etapa, pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto", expresa el texto rubricado por el magistrado.

De acuerdo con lo establecido en el escrito judicial, la cifra inicial podrá ser ajustada y la medida podría extenderse a otros funcionarios si persiste la falta de cumplimiento.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 había intimado al Ejecutivo el pasado 22 de septiembre por el plazo de cinco días y, al constatar la ausencia de pagos tras el vencimiento del 30 de ese mes, aplicó el apercibimiento.

A pesar de que la administración encabezada por el presidente Javier Milei interpuso una apelación contra la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 para frenar la ley, el juez ratificó que la cautelar mantiene su vigencia y obligatoriedad al haber sido ratificada con anterioridad por la Corte Suprema.

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