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Reclaman cambiar la fecha de los comicios de 2027 para evitar superposición con una celebración religiosa

noviembre 20, 2026

El gran rabino Eliahu Hamra, en representación del Superior Rabinato de la República Argentina-AMIA, formalizó un pedido para modificar el cronograma de las elecciones nacionales fijadas para el 24 de octubre de 2027 debido a su coincidencia con Simjat Torá.

El planteo detalla que los fieles practicantes tienen vedado el uso de vehículos, la escritura y otras acciones inherentes al acto cívico durante dicha festividad, lo cual obstaculizaría la participación de una parte de la ciudadanía.

El referente religioso solicitó específicamente que los comicios sean aplazados y descartó la opción de un adelanto. Argumentó que el domingo previo, 17 de octubre, se celebra Sucot o Fiesta de las Cabañas, jornada en la que también aplican prohibiciones de índole religiosa.

Por esta razón, requirió que se analicen los mecanismos legislativos e institucionales pertinentes para establecer el sufragio en una fecha posterior a la culminación de ambas celebraciones.

El escrito se apoya en los artículos 14, 16 y 37 de la Carta Magna sobre libertad de cultos, igualdad ante la ley y derechos políticos, además de invocar convenciones internacionales de derechos humanos.

Asimismo, el texto enumeró precedentes de cambios en el calendario electoral, tales como los comicios presidenciales de 1989 y 2003, junto con las modificaciones en las elecciones parlamentarias de 2009 y 2021.

Entre los antecedentes mencionados figura la Ley 27.631, mediante la cual se aplazaron los comicios legislativos de 2021 al 14 de noviembre debido a la emergencia sanitaria.

La nota fue enviada al presidente Javier Milei, a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a la jueza federal electoral María Servini y al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía.

Los firmantes aclararon que la demanda no persigue un trato preferencial, sino garantizar la libertad de culto, la igualdad jurídica y el sufragio, en consonancia con las atribuciones de los poderes del Estado.

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