Una masiva movilización recorrió las calles de Madrid para repudiar la crisis de acceso a la vivienda y reclamar la convocatoria a una huelga general. La protesta se produjo un día después de que el Congreso rechazara los decretos habitacionales impulsados por el Gobierno central.
La Delegación del Gobierno calculó una asistencia de unas 70.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas, entidad organizadora, estimó medio millón de participantes. La marcha avanzó desde cuatro puntos cardinales de la capital española hasta confluir en la plaza de Cibeles.
La tensión social se intensificó tras el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años en el barrio del Retiro, hecho que motivó al Ejecutivo a intentar implementar medidas urgentes como la prohibición de desahucios y la renovación automática de contratos de alquiler. Sin embargo, los decretos cayeron en el Parlamento por el rechazo de diversas fuerzas políticas.
Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, advirtió que la huelga general tendrá lugar próximamente y señaló que no tolerarán otros cuatro años sin soluciones. Por su parte, dirigentes políticos como Irene Montero y Enrique Santiago cuestionaron el bloqueo legislativo y debatieron sobre la posibilidad de un adelanto electoral.
Las protestas se replicaron en medio centenar de localidades españolas con el respaldo de las centrales sindicales Comisiones Obreras y UGT, las cuales alertaron sobre un escenario de bloqueo político y adelantaron que coordinarán nuevas estrategias junto a los movimientos sociales.