El canciller Pablo Quirno advirtió que la Argentina podría iniciar acciones penales contra los directivos de las empresas petroleras que intentan extraer hidrocarburos en las Islas Malvinas. Sostuvo que la gestión nacional empleará todas las herramientas legales, diplomáticas y judiciales disponibles para frenar estos proyectos en la zona en disputa con el Reino Unido.
"Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas", expresó al aludir a las firmas vinculadas a la iniciativa Sea Lion. Ante la consulta sobre si evalúan procesos judiciales contra personas físicas en el país, respondió de forma categórica: "Absolutamente, sí, absolutamente".
El funcionario recordó que ambas compañías ya recibieron sanciones bajo las normas nacionales y remarcó que la administración de Javier Milei mantendrá distintas medidas para obstaculizar la explotación de los recursos naturales del archipiélago. Según detalló un artículo del diario británico The Guardian difundido este jueves, el Estado argentino había advertido a los directivos de Rockhopper Exploration sobre posibles procesos penales, multas y penas de prisión.
En paralelo, Quirno respaldó la presentación efectuada por el Gobierno ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo para solicitar medidas provisionales que detengan las tareas extractivas hasta que actúe el tribunal arbitral. Indicó que la urgencia responde a que la explotación iniciaría en el primer trimestre de 2027, y cuestionó que el Reino Unido desoye las resoluciones de la ONU sobre abstenerse de realizar actos unilaterales.
El canciller aclaró que el reclamo ante dicho tribunal no busca resolver la disputa de soberanía sobre las islas, sino centrarse estrictamente en la protección de los recursos naturales. Asimismo, confió en que el Reino Unido acate un eventual fallo favorable al país por formar parte de la convención internacional que regula el mecanismo.
Por otra parte, al ser consultado sobre una posible reactivación del enlace marítimo entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, aclaró que la normativa nacional no obstaculiza la libre circulación de barcos, aunque sí exige permisos específicos para los buques que operen con carga hacia y desde el archipiélago. Agregó que espera el cumplimiento de estas normas y que Chile mantenga su postura histórica de respaldo al reclamo soberano y de no cooperación logística con la explotación de recursos.
Para finalizar, Quirno señaló que esta ofensiva judicial se inserta en una estrategia más amplia impulsada por el presidente Javier Milei, la cual contempla la construcción de una base naval integral en Ushuaia y reformas legales orientadas a fortalecer la defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur.