La jueza Marta Elba Pascual respaldó la medida cautelar que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense. La magistrada aclaró que su cuestionamiento no se centra en la baja de la edad de imputabilidad, sino en la falta de capacidad operativa del Estado para recibir a más menores detenidos.
Durante una entrevista radial, Pascual afirmó: “Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”. A su vez, subrayó que comprende la gravedad de los delitos cometidos por jóvenes.
La jueza argumentó que el sistema actual carece de las herramientas e infraestructura adecuadas para el alojamiento de los menores. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, advirtió.
Frente a los cuestionamientos recibidos, Pascual rechazó las críticas y ratificó que no se opone a la modificación que fija la imputabilidad a los 14 años. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, expresó.
El freno judicial se originó a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo que interpuso la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Para la magistrada, la ampliación del universo de adolescentes penalizados debe estar acompañada por personal especializado y establecimientos acordes.
La suspensión dictada tiene un plazo preventivo de dos meses, tiempo durante el cual la Justicia intimará a las autoridades provinciales para que detallen los recursos y el plan de implementación del sistema.