Un estudio difundido el 14 de octubre de 2026 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y el Instituto George W. Bush señala que cerca de 12.000 ciudadanos norcoreanos empleados en una fábrica rusa de vehículos aéreos no tripulados sufren graves abusos laborales y trata de personas. El documento detalla la colaboración entre Rusia, Corea del Norte, China e Irán para potenciar la producción de estos equipos en la planta de Yelabuga, ubicada en Tartaristán.
En este entramado, Moscú recibe más de 5.500 drones mensuales para su ofensiva en Ucrania, mientras que Pekín actúa como el principal proveedor de partes de doble uso, abarcando baterías, sistemas de navegación, motores y componentes electrónicos. Por su parte, Teherán aportó los aparatos Shahed, lo que facilitó el desarrollo de versiones locales rusas denominadas Geran, al tiempo que Pyongyang recauda fondos al apropiarse de hasta el 90 por ciento de las remuneraciones de sus operarios.
Dan Pinkston, docente de Relaciones Internacionales en la Universidad de Troy, indicó en una entrevista con DW que "la ubicación geográfica de estos cuatro países hace que cualquier tipo de interdicción internacional sea imposible". El análisis también advierte que Moscú y Pyongyang infringen la Resolución 2397 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual estipula que los estados miembros debían repatriar a los trabajadores norcoreanos en un plazo de dos años a partir de diciembre de 2017.
El texto califica la situación como trabajo forzado al apuntar que "el régimen norcoreano está vendiendo la mano de obra de sus ciudadanos en el marco de un acuerdo entre Estados, controlando si pueden salir del país y reteniendo la mayor parte de sus salarios". Song Young-Chae, integrante de la Coalición Mundial para Detener el Genocidio en Corea del Norte, sostuvo que Pyongyang esclaviza a su población en beneficio propio y afirmó a DW que "la situación es terrible, y sabemos que no solo está ocurriendo en Yelabuga".
El activista añadió que existen empleados norcoreanos en la construcción dentro de territorios ucranianos ocupados, campamentos madereros y decenas de miles de soldados enviados combatientes al frente ucraniano. "La vida en Corea del Norte no es fácil, pero a estas personas las envían a Rusia como esclavos, sin libertad, y solo se les permite quedarse con una fracción del dinero que ganan", puntualizó, admitiendo la dificultad para frenar este tráfico humano debido a la contigüidad territorial y a la inacción de Rusia y China como miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Ante este escenario, Pinkston advierte sobre la consolidación de un bloque que socava el orden jurídico y de derechos humanos posterior a la Segunda Guerra Mundial, dando por muerto el régimen de sanciones de la ONU. Finalmente, el informe propone que el Departamento de Estado estadounidense colabore con otras naciones para desmantelar estas redes de trata, que la ONU investigue el complejo de Yelabuga y que se incremente la presión para retirar a las empresas extranjeras, incluyendo firmas europeas y al menos una estadounidense, que operan en dicha zona económica especial.