El Juzgado Laboral N° 17 determinó que la firma de neumáticos transfiera la suma de 1.200 millones de pesos destinada a salarios adeudados a 200 operarios que perdieron su empleo luego del cierre de la planta. La medida judicial establece que el depósito de los haberes correspondientes a los meses entre marzo y junio debe concretarse este viernes 23, utilizando recursos previamente embargados de manera preventiva. Quedan excluidos de esta disposición aquellos empleados que optaron por suscribir acuerdos de retiro voluntario.
El monto establecido surgió como una cifra intermedia entre las estimaciones presentadas por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, que solicitaba 1.800 millones de pesos, y la postura de la compañía conducida por Javier Madanes Quintanilla, que calculaba la cifra en 600 millones. La decisión del tribunal se alinea con lo dispuesto por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y se fundamenta en un acuerdo de estabilidad laboral suscripto en mayo de 2025 y vigente hasta el 30 de junio de 2026, mediante el cual la empresa obtuvo beneficios impositivos a cambio de comprometerse a no realizar despidos.
A ocho meses de anunciarse el cierre de la fábrica situada en San Fernando, que en una primera instancia dejó a 920 personas afectadas, el sindicato valoró el dictamen como una victoria de la resistencia obrera y sostuvo que la resolución ratifica que el cese de actividades "fue ilegal". No obstante, desde la organización gremial anunciaron que apelarán la decisión por estimar que el monto fijado "no cubre la antigüedad ni la actualización por inflación", al tiempo que impulsarán nuevas presentaciones judiciales para reclamar los haberes devengados con posterioridad al 1 de julio.
En la misma línea, el gremio advirtió que continuará exigiendo la "nulidad de los acuerdos de retiro voluntario" firmados por otros operarios, al considerar que dichos convenios se concretaron bajo una situación de "extorsión económica" tras varios meses sin cobrar sus remuneraciones. Por su parte, la Sala II de Garantías dejó sin efecto la orden de desalojo emitida en septiembre, por lo que los trabajadores continuarán con las protestas y los acampes en los alrededores del establecimiento industrial.