El Poder Ejecutivo nacional debe cancelar este jueves una obligación de US$800 millones con el Fondo Monetario Internacional y el equipo económico evalúa la estrategia para obtener las divisas necesarias.
En el ámbito financiero se da por descontado que la obligación se cancelará, aunque continúan las dudas sobre los mecanismos financieros para conseguir los Derechos Especiales de Giro que demanda la entidad internacional.
Las opciones disponibles están condicionadas por el bajo nivel de liquidez oficial. Los registros oficiales al 28 de octubre indican que los encajes en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central totalizaban US$851 millones, lo que arroja un saldo disponible de solo US$51 millones por encima de la cifra a pagar.
Como variante, la administración central cuenta con disponibilidades en pesos por $8,9 billones, fondos que podrían utilizarse para adquirir dólares a la entidad monetaria, un movimiento que afectaría con mayor intensidad las reservas netas del organismo.
La forma en que se concrete la operación atrae la atención pensando en los compromisos previstos para enero de 2027, periodo en el cual el país tendrá que abonar aproximadamente US$4.500 millones a acreedores privados, en un escenario de acceso vedado al mercado financiero y un riesgo país cercano a los 800 puntos.
Esta obligación financiera se da en paralelo a la aprobación de la tercera revisión técnica del acuerdo por parte de los equipos técnicos del FMI. Pese a esto, la liberación del desembolso pendiente de cerca de US$900 millones aún necesita la convalidación del Directorio Ejecutivo, cuya evaluación está prevista para principios de diciembre.
En sus mensajes públicos, el organismo multilateral destacó el avance de las modificaciones estructurales, la baja en el ritmo inflacionario y la suma de más de US$16.000 millones en reservas por parte de la autoridad monetaria durante el año.