El fondo de inversión británico Burford Capital activó un proceso de arbitraje contra la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un tribunal dependiente del Banco Mundial. La presentación formal fue aceptada por el organismo internacional, tal como los demandantes habían adelantado de forma pública tras el fallo judicial adverso emitido en marzo pasado.
Fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la Procuración del Tesoro de la Nación ya diseña la estrategia defensiva del Estado nacional. Desde el organismo señalaron que el equipo legal ya se encontraba preparándose ante esta eventualidad.
En 2015, Burford adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de las firmas quebradas Petersen Energía y Petersen Inversora, vinculadas al Grupo Petersen. Ambas empresas habían comprado el 25 por ciento de la petrolera mediante créditos que no pudieron abonar tras la nacionalización, lo que derivó en su quiebra en España.
Posteriormente, Burford y el fondo Eton Park demandaron a la Argentina en tribunales de Nueva York bajo el argumento de que el Estado actuó como un inversor privado y vulneró las reglas de mercado de la compañía. En marzo de este año, la Justicia estadounidense dictó un fallo a favor del país frente a una condena valuada en 16.000 millones de dólares por la expropiación.
A raíz de esta nueva instancia arbitral, los demandantes deberán presentar una demanda inédita con nuevos argumentos, dado que se trata de un proceso diferente al litigio judicial previo. Esta vía se sustenta en el Tratado Bilateral de Inversiones suscripto entre la Argentina y España en 1991, que habilita a someter controversias al CIADI.
A diferencia de un juicio tradicional, este procedimiento culminará con el dictamen de un laudo y no de una sentencia. En paralelo, el fondo británico conserva la alternativa legal de elevar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
El proceso para constituir el tribunal arbitral cuenta con un plazo máximo de noventa días. Una vez conformado, las partes definirán de común acuerdo el calendario que regirá las etapas del procedimiento.
Si bien no existe un plazo estimado para la resolución final, se indicó que los arbitrajes internacionales no suelen ser expeditivos y su duración puede extenderse por varios años. Asimismo, las reglas de confidencialidad de estos tribunales podrían restringir la divulgación de información durante el desarrollo del proceso.
Ante esta limitación, fuentes oficiales indicaron que la Procuración buscará mantener informada a la opinión pública en la mayor medida posible. Por su parte, los abogados encargados de la defensa nacional concluyeron: “La República Argentina defenderá su posición con la misma firmeza con la que lo hizo en el frente judicial. Vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestro país en cada una de las instancias que se planteen. Estamos preparados”.