El fiscal Eduardo Taiano se pronunció en contra de la posibilidad de reabrir la causa LIBRA y cuestionó el planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para hacerse cargo de la investigación. En un escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario ratificó su postura previa: Como Fiscal interviniente durante toda la sustanciación del proceso, es que sostengo el criterio propugnado al momento de solicitar el sobreseimiento de los nombrados en estas actuaciones.
Taiano, cuyo desempeño había sido cuestionado por los querellantes, solicitó el 22 de octubre el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve imputados al dar por concluida la investigación por la presunta criptoestafa. Una vez que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi convalidó ese pedido y cerró el expediente, el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, calificó la medida como prematura y solicitó intervenir en la acción penal, tras lo cual el juez federal subrogante Daniel Rafecas le dio vista a Taiano para que opinara.
En su presentación, el fiscal calificó de sorpresiva la intervención de la fiscalía especializada en corrupción y sostuvo que no conocía los pormenores del expediente, al que sólo tuvo acceso entre el 10 de marzo y el 10 de septiembre de 2025. Además, consideró desacertadas las conclusiones de Rodríguez al señalar que no pudo compulsar los elementos probatorios cargados a estas actuaciones desde el 2025 y que sus argumentos se basan en afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente.
El representante del Ministerio Público fiscal remarcó que el planteo de la PIA representa únicamente una diferencia de criterio sobre la evaluación de las pruebas reunidas. La postura sustentada por la PIA constituye una mera discrepancia sobre la valoración del material fáctico recabado, pretendiendo perpetuar una instancia de instrucción ante un cuadro manifiesto de atipicidad que no permite imputarle a ninguno de los funcionarios públicos las conductas denunciadas, como así tampoco determinar la existencia de algún perjuicio a las arcas del Estado, enfatizó, aunque aclaró que su fiscalía no presenta objeciones formales sobre la admisibilidad de la vía elegida.
La definición sobre el futuro del expediente quedará ahora en manos del juez Martínez de Giorgi, quien deberá resolver si convalida el criterio de Taiano para mantener los sobreseimientos o si acepta la solicitud de la PIA para reabrir el caso. En paralelo, la Cámara de Casación concedió un recurso para revisar si dos damnificados pueden constituirse como querellantes en la causa.