El Gobierno nacional formalizó la aprobación de tres operaciones de crédito internacional por un monto total de US$ 530 millones, los cuales fueron concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento.
Los fondos se destinarán a proyectos de infraestructura vial en Entre Ríos, obras de agua potable en Chubut y modificaciones en la gestión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
El detalle de las operaciones comienza con un préstamo de US$ 280 millones del BID destinado al Programa de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos.
Esta asignación cubrirá tareas de ingeniería, fiscalización, compensación socioambiental y fortalecimiento institucional para la red vial agropecuaria provincial. La Nación actuará como garante mediante un sistema de contragarantía que contempla la retención automática de fondos de coparticipación federal ante eventuales incumplimientos de pago de la provincia.
Asimismo, se avaló un crédito de US$ 150 millones de la CAF para el Programa Sistema de Acueductos Sostenible de la Provincia del Chubut. El objetivo de estos recursos es optimizar el abastecimiento de agua potable y disminuir las pérdidas en la Cuenca del Río Senguer con obras de infraestructura resiliente y fortalecimiento institucional, aplicando el mismo mecanismo de garantía nacional.
Por otra parte, se asignaron US$ 100 millones del BID al Programa de Reforma de la Administración Tributaria Federal. Los puntos centrales de esta iniciativa comprenden la gobernanza, la administración integral de riesgos, la atención al contribuyente y la digitalización.
Las tareas de ejecución quedarán a cargo de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía, mientras que ARCA intervendrá como organismo técnico.
Sumado a esto, la disposición vinculada al organismo de recaudación incluye una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión del BID por un valor de hasta US$ 600 millones.
El desembolso inicial de esta línea de crédito, que cuenta con un plazo de diez años, equivale a los US$ 100 millones destinados a la reforma tributaria.