La administración nacional continúa sin destrabar el conflicto con las universidades nacionales luego de la aprobación y la ratificación parlamentaria de la Ley de Financiamiento. El sector gobernante sumó diferencias internas sobre cómo abordar el tema debido a posturas contrapuestas respecto al diagnóstico y a los pasos a seguir.
A fines de febrero, el ala política de La Libertad Avanza diseñó un proyecto para la educación superior que contemplaba una recomposición salarial. Ciertas autoridades del área educativa habían acordado con los rectores parte de ese articulado, el cual exigía como condición la baja de los reclamos judiciales vinculados a la norma ratificada por el Congreso.
Desde la Casa Rosada indicaron que los referentes legislativos oficialistas decidieron frenar la iniciativa al estimar que la Justicia fallaría en contra de los reclamos universitarios y anularía la ley. Como ese pronóstico no se cumplió, la problemática continúa y la única respuesta actual del Gobierno consiste en apelar los fallos judiciales adversos.
Luego de la movilización masiva que concluyó con represión por parte de las fuerzas de seguridad en el marco del operativo, surgieron las defensas oficiales. “Todo este problema es porque cumplimos la ley, no porque la incumplimos”, afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
El funcionario argumentó que toda normativa que asigne fondos fuera del presupuesto debe especificar las partidas correspondientes para solventar dichos gastos. Por este motivo, consideró que la ley de financiamiento omitió ese requisito y opinó que correspondía su promulgación seguida de la suspensión de su aplicación.
“Votaron una ley violando la ley de administración financiera”, señaló el subsecretario, quien atribuyó la responsabilidad del conflicto a los legisladores que respaldaron el proyecto.
Asimismo, defendió la gestión de los fondos destinados a las casas de estudio al remarcar que el Ejecutivo ejecuta exclusivamente el presupuesto validado por el Parlamento. No obstante, dejó abierta la posibilidad de modificar esa postura al asegurar que acatarían una eventual modificación presupuestaria emitida por el Poder Legislativo.
“Nosotros ejecutamos el presupuesto que aprueba el Congreso. Si el Congreso aprueba otro, ejecutaremos ese otro”, expresó Álvarez.
En paralelo, diversos gobernadores, principalmente de extracción radical, solicitaron a los funcionarios nacionales una resolución para el conflicto y advirtieron sobre posibles repercusiones electorales en sus provincias en caso de mantenerse las protestas con este nivel de convocatoria.