Un estudio difundido el 14 de octubre de 2026 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y el Instituto George W. Bush advirtió que hasta 12.000 ciudadanos de Corea del Norte padecen trata de personas y graves violaciones a sus derechos humanos mientras prestan servicios en una fábrica rusa de vehículos aéreos no tripulados.
El documento detalla la colaboración entre Rusia, Corea del Norte, China e Irán para ampliar la fabricación de estos equipos en la planta de Yelabuga, ubicada en la región rusa de Tartaristán. Mientras Moscú recibe más de 5.500 drones mensuales para su ofensiva en Ucrania, Pekín actúa como el principal proveedor de partes de doble uso, e Irán aporta dispositivos Shahed que facilitan la creación de versiones rusas denominadas Geran.
En tanto, el gobierno norcoreano percibe ganancias al apropiarse de hasta el 90 por ciento de las remuneraciones de sus operarios, según consigna el texto. Dan Pinkston, académico de la Universidad de Troy, indicó en una entrevista con DW que "la ubicación geográfica de estos cuatro países hace que cualquier tipo de interdicción internacional sea imposible".
El informe cuestiona además que Moscú y Pyongyang incumplen la Resolución 2397 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en diciembre de 2017, la cual ordena la repatriación de los trabajadores norcoreanos en un plazo máximo de dos años. El reporte califica la operatoria como "trabajo forzado" y sostiene que el régimen norcoreano mercantiliza la fuerza laboral de sus habitantes mediante un pacto bilateral.
Song Young-Chae, integrante de la Coalición Mundial para Detener el Genocidio en Corea del Norte, afirmó ante DW que Pyongyang esclaviza a su propia población con fines de lucro. "La situación es terrible, y sabemos que no solo está ocurriendo en Yelabuga", manifestó, al mencionar la presencia de norcoreanos en zonas de construcción ucranianas, campamentos madereros y frentes de combate.
Para frenar estas prácticas, la investigación sugiere que el Departamento de Estado estadounidense coopere con otras naciones para desmantelar las redes de trata y penalizar a los responsables. A su vez, requiere que la ONU impulse acciones multilaterales para fiscalizar el complejo de Yelabuga y recolectar evidencia sobre los atropellos cometidos.