La fiscalía federal requirió al Ministerio de Economía que individualice a los funcionarios que poseían la potestad de autorizar las declaraciones SIRA para acceder al dólar oficial durante el cepo cambiario en la administración de Alberto Fernández. El fiscal federal Franco Picardi le exigió a la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa la entrega de estos datos de forma urgente en un plazo de 72 horas, con la meta de esclarecer quiénes daban el visto bueno o denegaban las peticiones de importación entre los años 2022 y 2023. A pesar de haber contado con reportes previos sobre el circuito de las tramitaciones, el representante del Ministerio Público consideró que esa información no cumple de manera completa con lo solicitado.
En paralelo, el fiscal insistió por tercera vez ante el juez federal Ariel Lijo para que se disponga el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de diversos operadores ligados al expediente. La investigación apunta a dilucidar quiénes eran los agentes estatales y usuarios del sistema facultados para operar con los expedientes y cuál era su grado de intervención, bajo la hipótesis de una posible complicidad entre empresarios, casas de cambio, financistas y autoridades públicas.
El expediente judicial examina una presunta trama de corrupción vinculada al Sistema de Importaciones de la República Argentina, el mecanismo de regulación cambiaria que funcionó desde octubre de 2022 hasta diciembre de 2023. En este marco, Picardi investiga si hombres de negocios y operadores financieros habrían abonado sobornos de entre el 10% y el 15% del monto de las transacciones a agentes del Estado para lograr o agilizar la validación de sus trámites.
Asimismo, el organismo judicial analiza si determinados usuarios ejecutaron maniobras de especulación financiera al adquirir dólares a valor oficial para su posterior comercialización en el mercado informal y apropiarse de la brecha cambiaria.