El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó veintinueve nuevas medidas de prueba en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde, a su expareja Jésica Cirio y a la modelo Sofía Clérici. El magistrado, que asumió recientemente la conducción del expediente, dispuso requerimientos sobre el patrimonio de los imputados que abarcan datos bancarios en Uruguay y el análisis de sus teléfonos celulares, de acuerdo con el escrito judicial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Esta resolución se adoptó luego de que los fiscales Sergio Mola y Velasco, junto con la querella de la Fundación Poder Ciudadano, pidieran extender el plazo de la investigación, que estaba acotado al período entre 2009 y 2023. De acuerdo con lo señalado, dicha limitación era contradictoria e infundada, ya que el magistrado había validado previamente un rango más amplio para rastrear maniobras delictivas iniciadas en 2006. Por su parte, Rodríguez Ponte consideró que existen medidas pendientes para obtener datos útiles que permitan profundizar las hipótesis o individualizar la vinculación de los involucrados con otros actores y sus roles dentro de la investigación. En tanto, las defensas de Insaurralde y Clérici rechazaron la ampliación del período investigado, y los abogados del exintendente pidieron la nulidad del cotejo scopométrico de los videos difundidos por dudar de su autenticidad.
Entre las diligencias ordenadas, el magistrado requirió al Registro Nacional de las Personas antecedentes documentales y cambios de domicilio de Insaurralde, Cirio, Clérici y otros imputados. Asimismo, solicitó a la Administración Nacional de Seguridad Social detalles sobre sueldos, empleadores, beneficios previsionales y asignaciones familiares, y a la Superintendencia de Seguros de la Nación información sobre pólizas contratadas. En el plano patrimonial, el juez consultó si los investigados poseían stud o boxes para caballos en hipódrmos, pidió los legajos de cuatro vehículos, y solicitó datos sobre un departamento en Lomas de Zamora a nombre de Insaurralde y sobre sus cuentas bancarias en entidades nacionales y de Uruguay.
El magistrado también busca reconstruir las llamadas, mensajes, conexiones a internet, antenas de ubicación, aparatos utilizados y contactos de los sospechosos desde 2009 para determinar frecuencias, duración y posibles patrones de comunicación. Por otra parte, se levantaron las restricciones que pesaban sobre Sofía Clérici para salir del país y alejarse de su domicilio, luego de haber sido sobreseída en una medida que actualmente se encuentra bajo revisión. En relación con Cirio, se solicitó a la Unidad de Información Financiera que verifique si el escribano que certificó una firma suya en 2023 cumplió con las normas de prevención de lavado de dinero.
Por último, Rodríguez Ponte centró su atención en el pendrive aportado por la Fundación Apolo que contiene archivos audiovisuales de la expareja de Insaurralde con fajos de dinero, presuntamente registrados en la vivienda que compartieron en Fincas de San Vicente. Ante esto, convocó a declarar a un representante de dicha organización y mandó a realizar una pericia para establecer la autenticidad de los archivos, la fecha de creación y si sufrieron modificaciones o manipulaciones.