El Ejecutivo boliviano ratificó su decisión de suprimir desde enero de 2027 el aporte estatal destinado a los combustibles y rechazó que la medida responda a una exigencia del Fondo Monetario Internacional en el marco de un préstamo de 1.900 millones de dólares.
"No hay ningún condicionamiento en ese sentido (sobre la subvención a los combustibles); es un tema que nosotros hemos construido dentro del marco de las políticas fiscales y económicas que tenemos que sacar como país", afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, durante una conferencia de prensa.
El funcionario sostuvo que la medida busca la sustentabilidad fiscal y permite redirigir fondos hacia la construcción de establecimientos sanitarios, escuelas, rutas y obras productivas. Por su parte, el presidente Luis Arce Morales respaldó la estrategia acordada con el organismo internacional para estimular el desarrollo económico.
La eliminación gradual del esquema está detallada en el apartado 13 del Memorando de Políticas Económicas y Financieras remitido por la administración nacional al FMI. El texto estipula que los valores locales de los hidrocarburos cubrirán sus costos a partir de enero de 2027, mientras que la administración central ampliará las partidas destinadas a la ayuda social para mitigar el impacto en los sectores de menores recursos.
Morales detalló que la reducción parcial de los subsidios comenzó a aplicarse a fines de diciembre de 2025 bajo el argumento de que el sistema anterior favorecía a actores específicos y a naciones limítrofes. El proceso definitivo para concluir con la asistencia estatal será evaluado hacia el cierre del corriente año.
En paralelo, el ministro comunicó la proyección de clausurar hasta diez compañías públicas que registran déficit en el corto plazo. El funcionario explicó que la medida apunta a optimizar el gasto y señaló que la Oficina Técnica de Fortalecimiento de la Empresa Pública detectó 15 firmas en quiebre técnico sobre un total de 67 analizadas.
La ejecución de los cierres no será inmediata, ya que las autoridades deben resolver los pasivos, activos y compromisos de cada entidad. El ministro precisó que "en el muy corto plazo" se avanzará con las liquidaciones según la evaluación legal y financiera correspondiente, tras recalcar que "tenemos que ser mucho más eficientes con nuestros propios recursos".
Por último, el titular de Economía indicó que la administración central recortó cerca de un 30 por ciento de su estructura burocrática, abarcando al Órgano Ejecutivo y organismos descentralizados, lo que derivó en un ahorro estimado en 2.000 millones de bolivianos.