El Gobierno comenzó a presionar sobre los pactos políticos rumbo a 2027 en la previa al inicio del debate sobre la reforma electoral en el Senado, al condicionar cualquier entendimiento al respaldo parlamentario para suprimir las primarias. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encargada del armado político, dio instrucciones a los referentes libertarios para advertir a gobernadores aliados y partidos socios que solo habrá acuerdos con quienes voten la iniciativa.
"El gobernador que no apoye, no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos", afirmó un integrante del círculo íntimo de la funcionaria. En la Casa Rosada asumen que la eliminación o suspensión de las PASO generará fricciones con la oposición, especialmente con el peronismo, que utiliza esa herramienta para ordenar su interna partidaria.
Con la activación del debate, la senadora Patricia Bullrich busca obtener un triunfo político que facilite el camino hacia la reelección del presidente Javier Milei en 2027. De este modo, la administración central supeditó las tratativas electorales al apoyo al proyecto, cuyo tratamiento se proyecta entre octubre y noviembre debido a las advertencias de la Cámara Nacional Electoral sobre los plazos para modificar las reglas de votación, a pesar de que aún no cuentan con los votos asegurados.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumió la tarea de transmitir la directiva y encabeza la búsqueda de adhesiones para la iniciativa antes de 2027. En paralelo a las negociaciones legislativas, el armado nacional discute internamente los criterios que aplicará con los mandatarios provinciales para los próximos comicios.
"Los acuerdos pasan por otro lado. Hay que tratar de que no se desperfile el electorado", indicó una fuente oficial a la Agencia Noticias Argentinas. Esta postura refleja la intención de la Casa Rosada de entablar alianzas con las provincias que pueden incluir desde listas compartidas hasta esquemas de confrontación acordada.
Por otro lado, sectores del oficialismo abogan por pactos más amplios con los gobernadores tras el impacto que tuvo en la credibilidad gubernamental el incumplimiento de algunos pactos durante 2025. De esta forma, el apoyo a la supresión de las primarias se convirtió en una exigencia central en el vínculo con los aliados, vinculando el respaldo parlamentario al proyecto con las futuras negociaciones electorales.