El presidente Javier Milei tenía la intención de concretar un viaje a Londres para liderar un foro de inversiones y buscar convertirse en el primer mandatario argentino en visitar ese país europeo desde Carlos Menem en 1998. La iniciativa comenzó a planificarse a mediados de año bajo la denominación de “Londres Week”, un formato similar al realizado en marzo en Nueva York para promover el modelo económico libertario ante ejecutivos. Sin embargo, el proyecto quedó trunco debido a modificaciones en la agenda vinculadas al reclamo por las Islas Malvinas y a la improvisación en la planificación.
El punto de inflexión que alteró el escenario político se produjo cuando la selección argentina de fútbol desplegó una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” tras vencer a Inglaterra en una semifinal mundialista, a lo que se sumó una medida restrictiva de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sobre carteles alusivos al archipiélago. En paralelo, el oficialismo sufrió un revés legislativo en el Senado con el rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo debate sobre la compra de tierras por parte de extranjeros generó protestas sociales frente al Congreso y mantuvo el tema de la soberanía en el centro del debate público.
A pesar de las señales de rechazo social y las dudas expresadas desde Balcarce 50 y la Cancillería sobre la conveniencia de visitar territorio británico sin abordar el diferendo territorial, el entorno presidencial mantuvo expectativas disímiles y llegó a difundir que la visita se realizaría a fines de octubre para participar en una charla en la Universidad de Oxford y concretar encuentros empresariales. Finalmente, la posibilidad del viaje fue descartada ante el costo político de la visita en plena reconfiguración de la postura oficial sobre la soberanía.
En respuesta a este escenario, el Poder Ejecutivo implementó una serie de medidas para endurecer su postura respecto al Atlántico Sur, que incluyeron el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para sancionar a quienes operen de manera ilegal en las islas y el avance de denuncias contra firmas infractoras. Además, el Gobierno anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, cuyos detalles serán recorridos en el distrito por los ministros Carlos Presti y Pablo Quirno.
“Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, expresó el mandatario el pasado miércoles. Esta estrategia oficialista se acopló a la revisión del tema prometida por el presidente estadounidense Donald Trump, permitiendo al Gobierno nacional reposicionarse en un asunto sensible, a pesar del rechazo manifestado por diversas autoridades inglesas.