El fiscal de menores Hernán Ceruti apeló la resolución de la jueza Marta Elba Pascual, quien había suspendido la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires a través de un habeas corpus. El representante del Ministerio Público consideró que la medida genera un gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad al frenar una norma sancionada por el Congreso Nacional.
Ceruti remarcó que no se demostró ninguna acción concreta, ilegal o arbitraria contra la libertad de los adolescentes, ni se identificó a un joven detenido por esta ley o una situación específica de alojamiento agravada. En esa línea, sostuvo que la disposición de la magistrada "avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado".
Por su parte, la jueza había fundamentado su decisión en el posible aumento de jóvenes detenidos y en la falta de infraestructura y recursos provinciales para afrontarlo. Ante esto, la Fiscalía señaló que esa conclusión se adoptó sin datos concretos y que la resolución transforma una posibilidad en una certeza.
La apelación se acopla a la denuncia penal presentada por la ONG Usina por la Justicia contra Pascual por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. Desde la organización respaldaron al fiscal al señalar que la magistrada no se basó en pruebas ni informes, se excedió en sus funciones y violó el principio de división de poderes.
En tanto, el espacio La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, encabezado por Sebastián Pareja, solicitará el juicio político de la jueza. Pareja cuestionó el fallo al asegurar que intenta frenar una ley votada democráticamente por el Congreso para atender un reclamo de la sociedad.