La presidenta peruana, Keiko Fujimori, firmó este sábado un decreto supremo para fijar nuevas pautas de disciplina en los establecimientos educativos del país, las cuales contemplan la prohibición del uso de dispositivos electrónicos, el maquillaje y el cabello largo en las aulas, además de la expulsión ante episodios severos de violencia.
«Para nosotros que el orden regrese a las aulas es fundamental, porque lo que un niño aprende desde pequeño le servirá como norma cuando sea adulto y en el futuro», manifestó la jefa de Estado durante la aprobación de los denominados ‘Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica’.
El acto oficial se llevó a cabo en el colegio Alfonso Ugarte, situado en el distrito limeño de San Isidro, donde la mandataria remarcó que «todo país tiene reglas, límites, tiene los derechos de los ciudadanos, pero tiene restricciones» y advirtió que «si eso no se aprende desde pequeño, ya de adulto será muy tarde».
En el marco del evento, la gobernante adelantó que la administración estatal promoverá la lectura dentro de los establecimientos y durante los recesos vacacionales, al tiempo que prometió la provisión de internet satelital para todas las escuelas peruanas.
Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, afirmó que la promulgación del decreto representa «el retorno de la disciplina en los colegios del país» y sostuvo que en los tiempos recientes «se confundieron los principios de disciplina y orden».
A su vez, el funcionario ratificó que el esquema sancionador abarca infracciones de gravedad leve, grave y muy grave, las cuales pueden derivar en la expulsión del alumno implicado, y aclaró que estas disposiciones sobre presentación personal regirán para las instituciones públicas, mientras que los establecimientos privados definirán sus propias normas internas.
Las medidas se formalizan tras el anuncio realizado por la mandataria el pasado 12 de octubre acerca de un nuevo reglamento de conducta orientado a erradicar el acoso escolar y sancionar la violencia con la expulsión, prohibiendo asimismo el uso de equipos electrónicos, el cabello largo o teñido y el maquillaje.
En aquella ocasión, la jefa de Estado advirtió que la gestión gubernamental no tolerará «el bullying, la violencia, el acoso sexual» e instó al alumnado a reportar estos episodios a las autoridades educativas para propiciar la intervención inmediata del Ministerio Público y de la Policía Nacional.
El paquete normativo surge como respuesta a la conmoción nacional originada el 15 de septiembre pasado, a raíz de la denuncia sobre la presunta agresión sexual a un estudiante de 16 años por parte de sus compañeros, un episodio que derivó en una orden judicial de cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes matriculados en el colegio Liceo Naval Almirante Guise, gestionado entonces por la Marina de Guerra.
A raíz de aquel suceso, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención y reorganización de dicha institución, trasladando su administración al Ministerio de Educación hasta el año próximo, una decisión que, según indicó Chang, facilitó el restablecimiento del orden y la disciplina en la comunidad educativa.