Las discusiones en torno al proyecto de Presupuesto 2027 continúan trabadas debido a desacuerdos entre el oficialismo y los bloques dialoguistas sobre el financiamiento de las universidades, los subsidios al transporte del interior y los recursos para las prestaciones por discapacidad. Las tratativas se retomarán próximamente tras una pausa motivada por el viaje de una comitiva de legisladores a Estados Unidos y la visita del papa León XIV.
El calendario apremia a La Libertad Avanza, dado que el 20 de noviembre vence el plazo para la firma de dictámenes si se busca su tratamiento en sesiones ordinarias, mientras que una prórroga requeriría convocar a extraordinarias desde el 1 de diciembre. En este marco, los bloques que suelen respaldar al Gobierno adoptan una postura más exigente de cara a las elecciones de 2027, manteniendo como ejes principales el equilibrio fiscal y el programa antiinflacionario.
Las posturas de los distintos espacios combinan demandas generales con reclamos particulares vinculados a sus distritos, a lo que se suman pedidos de gobernadores para aprobar iniciativas orientadas a las economías regionales. Los aliados sugieren cubrir estos requerimientos mediante los fondos de la Jurisdicción 91, que ascienden a unos 14 billones de pesos y carecen de asignación específica al estar reservados para contingencias financieras.
Pese a que inicialmente se descartó el debate para el 18 de noviembre, el Gobierno busca obtener dictamen el 17 para llevar el proyecto al recinto el 25. Las negociaciones están a cargo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch.
Entre los ejes de discusión, los bloques dialoguistas coinciden en solicitar una rebaja del Impuesto a los Combustibles, argumentando que su recaudación no se destina al mantenimiento de rutas ni al 2,55% asignado al Fondo Compensador del Transporte del Interior. A su vez, exigen garantizar partidas para discapacidad y elevar el presupuesto universitario, sector para el cual el proyecto prevé 7,3 billones de pesos frente a los 11 billones que reclaman los rectores.
Por su parte, el PRO demanda asegurar fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, bajar del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados, y fijar mecanismos de cumplimiento para obras viales nacionales. En tanto, la UCR, cuyo principal negociador es Lisandro Nieri, pide eliminar cuatro artículos del proyecto, y las bancadas provinciales reclaman fondos para las 13 cajas jubilatorias no transferidas a la Anses, fijadas en 503.000 millones de pesos por el Ejecutivo pero consideradas insuficientes por los mandatarios.
En paralelo, los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora reclaman retomar el debate de la Ley de Biocombustibles. El proyecto general de gastos y recursos prevé un total consolidado de 216 billones de pesos y recursos por 219,3 billones, contemplando una inflación del 21,3% y un tipo de cambio a 1.847 pesos para fines de 2027.