Un análisis elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) examinó las acusaciones presentadas contra magistrados federales y nacionales y señaló que solo el 1,3 por ciento concluyó en una sanción o en la destitución.
El relevamiento, denominado “¿Justicia intocable?”, detalla que de un total de 5.170 presentaciones ingresadas ante el Consejo de la Magistratura a lo largo de 27 años, únicamente 64 alcanzaron una resolución punitiva y 4.910 expedientes ya fueron archivados, en numerosos casos sin que se llevara adelante una investigación.
La normativa vigente establece que la destitución de los jueces procede por mal desempeño o por la comisión de delitos. Desde la entidad explicaron que este marco pretende funcionar como una “garantía de independencia” para impedir separaciones del cargo por motivaciones políticas o por el contenido de los fallos, aunque advirtieron que en diversas situaciones deriva en una “garantía de impunidad”.
El informe detalla que, sobre las denuncias ingresadas entre 1999 y agosto de 2026, 260 expedientes permanecen abiertos y 4.910 fueron cerrados. Dentro de los cerrados figuran 3.700 desestimaciones, 633 cierres con causa desconocida y 469 que caducaron por el transcurso del tiempo sin haber sido investigados.
Del total de 64 expedientes que finalizaron con medidas disciplinarias, 43 correspondieron a apercibimientos por motivos como abusos de autoridad, violencia laboral, demoras en el dictado de fallos o relaciones con personas involucradas en los expedientes, mientras que las 21 restantes fueron destituciones.
La organización también cuestionó que el Consejo de la Magistratura, pese a tener la obligación legal de publicar los expedientes contra magistrados, “difunde unos pocos datos” y retക്കുന്നു el acceso al seguimiento de las investigaciones. “Esto es un problema porque, al debilitar la capacidad de la ciudadanía para exigir rendición de cuentas, también se debilitan los incentivos de quienes hacen este sistema para producir un cambio”, arremetieron.
Asimismo, la entidad indicó que cualquier ciudadano puede radicar una acusación, pero carece de la posibilidad de constituirse como parte en el proceso para verificar el avance de la causa, aportar nuevas pruebas o impulsar la investigación.