El Poder Ejecutivo nacional remitió a la Cámara de Diputados la iniciativa formal denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que fija nuevas penalidades para individuos y corporaciones que extraigan recursos naturales en el archipiélago malvinense careciendo del aval oficial.
La propuesta abarca tanto bienes renovables como no renovables en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus zonas marítimas e insulares adyacentes. El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo.
La medida actualiza el marco legal vigente desde 2011, que se limitaba al sector hidrocarburífero, para extender los controles a diversas modalidades de usufructo de los recursos naturales. Quienes incumplan estas restricciones afrontarán sanciones pecuniarias atadas al valor de entre 4.000 y 500.000 barriles de crudo, además de la anulación de licencias.
El articulado prevé además prohibiciones para operar por períodos de cinco a 20 años y eleva las condenas carcelarias cuando las maniobras afecten recursos no renovables. En estos supuestos, las penas de prisión oscilan entre los 12 y los 20 años.
Para las tareas de extracción, traslado o acopio de hidrocarburos sin el permiso del país, las sanciones privativas de la libertad se fijan entre 15 y 20 años. Asimismo, las multas económicas podrán trepar hasta el equivalente a tres millones de barriles de petróleo.
Las penalidades alcanzan también a los proveedores que provean insumos o servicios fundamentales sabiendo cuál era su destino final. Para estos casos, la propuesta fija penas de cárcel de entre cinco y siete años.
Las compañías involucradas sufrirán trabas para funcionar o celebrar contratos con el Estado nacional. Las penalidades incluyen la baja de habilitaciones, la paralización operativa por un plazo máximo de 30 años y la disolución o liquidación de las firmas infractoras.
Una entidad sancionada quedará impedida de comercializar en el territorio nacional durante el lapso que dure la medida y perderá autorizaciones y prerrogativas impositivas o previsionales. El proyecto incorpora un esquema para regularizar la situación de quienes cesen las prácticas cuestionadas y efectúen determinadas inversiones locales.
La propuesta contempla la creación de un Sistema de Seguridad Nacional encargado de coordinar sectores diplomáticos, económicos, legales, informáticos, militares, de inteligencia y de salvaguarda de infraestructuras esenciales. La conducción recaerá en el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el mandatario e integrado por el jefe de Gabinete y los titulares de las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía.
El texto detalla mecanismos de respuesta frente a aeronaves catalogadas como hostiles e incluye acciones de intervención en aguas marítimas, fluviales y lacustres. Con respecto a las embarcaciones, se prevén advertencias, maniobras de interposición, disparos intimidatorios y la inutilización tras agotar los recursos menos drásticos.
El hundimiento se estipula como un recurso militar excepcional ante naves consideradas hostiles y demandará el aval del Presidente, prohibiendo expresamente esa medida contra transportes civiles como castigo o procedimiento policial. Tras el ingreso del expediente a la Cámara baja, se iniciará el proceso de discusión legislativa para consensuar su tratamiento y establecer el calendario de las comisiones encargadas del análisis.