La plaza Skanderbeg en Pristina quedó en completo silencio cuando se conoció la sentencia del Tribunal Especial para Kosovo en La Haya contra el expresidente Hashim Thaci, declarado culpable de crímenes de guerra. Una multitud de kosovares se habia reunido en el lugar con banderas del Ejército de Liberación de Kosovo, fuerza que Thaci comandó durante el conflicto bélico.
La justicia determinó que tanto Thaci como otros tres coacusados tuvieron participación en la persecución de personas identificadas como opositoras al UCK entre abril de 1998 y junio de 1999. El fallo los halló responsables de detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas y homicidios cometidos contra sectores como la comunidad romaní, serbios y albaneses acusados de colaborar con fuerzas serbias.
El impacto inicial en las calles de Kosovo derivó rápidamente en protestas y momentos de tensión cuando manifestantes intentaron derribar el vallado de la misión de la Unión Europea. La intervención de efectivos policiales y de fuerzas especiales evitó mayores incidentes durante la jornada posterior al veredicto.
El proceso judicial contra los exintegrantes del UCK se extendió por tres años, período en el cual declararon más de 370 testigos y se evaluaron miles de pruebas documentales. Hashim Thaci recibió una pena de 25 años de prisión, la misma condena dictada para el exparlamentario Jakup Krasniqi, mientras que Kadri Veseli y Rexhep Selimi fueron sentenciados a 18 y 13 años respectivamente.
Desde el ámbito político kosovar manifestaron un fuerte rechazo a la resolución judicial adoptada en los Países Bajos. El ministro de Exteriores, Glauk Konjufca, sostuvo: "Es un veredicto terrible para Kosovo, para nuestra guerra de liberación". En la misma línea, el primer ministro Albin Kurti calificó la medida como una injusticia inaceptable y la presidenta interina Albulena Haxhiu remarcó el sufrimiento histórico de la población albanesa.
El tribunal que dictó las sentencias fue creado en 2015 a partir de impulsos internacionales y del propio Parlamento de Kosovo tras las denuncias formuladas en un informe del Consejo de Europa. Aunque funciona bajo normativas locales, su sede se encuentra en La Haya y cuenta con magistrados internacionales dedicados a investigar violaciones a los derechos humanos durante el conflicto separatista de Yugoslavia.
Por otro lado, la decisión de absolver a los acusados de delitos de lesa humanidad generó cuestionamientos desde el gobierno de Serbia. El mandatario serbio, Aleksandar Vucic, criticó que el tribunal evitara juzgar hechos posteriores a junio de 1999 y afirmó que las determinaciones buscan preservar la credibilidad del UCK.
A su vez, las declaraciones del Ministerio de Exteriores de Croacia sobre el contexto histórico y la represión del régimen de Milosevic provocaron nuevas tensiones con Belgrado. Vucic cuestionó la postura regional y denunció una supuesta parcialidad en la asignación de responsabilidades sobre las víctimas del conflicto.
A nivel analítico, los especialistas señalan que el impacto político del fallo en el corto plazo resulta incierto para el vínculo bilateral. El abogado serbio Aleksandar Olenik consideró que los efectos positivos de la sentencia recién podrían reflejarse dentro de una década o más, una vez que disminuya la carga política sobre los hechos juzgados.