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Legisladores opositores sumaron elementos a la causa judicial contra el Ejecutivo por el traslado de las reservas de oro

septiembre 15, 2026

Un grupo de senadores peronistas formalizó una ampliación en la denuncia judicial dirigida contra la administración nacional por el manejo y la ubicación de las reservas de oro pertenecientes al Banco Central.

La acción legal original, interpuesta en abril, involucra al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y al titular del Banco Central Santiago Bausili bajo las acusaciones de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

La actualización del planteo judicial surge a partir de las manifestaciones de Bausili en la Cámara alta, donde aseguró que los metales preciosos fueron movilizados y depositados en el Banco de Pagos Internacionales en Suiza, afirmando que es el sitio donde permanecen.

Los legisladores señalaron que estas afirmaciones contienen una doble contradicción, debido a que previamente el funcionario había evitado brindar precisiones sobre el paradero de los activos argumentando razones de seguridad. En el escrito judicial cuestionaron la decisión de revelar una ubicación específica y requirieron conocer la documentación que respalda dichos dichos.

Asimismo, los denunciantes sostuvieron que Bausili mintió al manifestar que el oro se halla en territorio suizo, al indicar que en realidad estaría ubicado en el Bank of England, en Londres, y advirtieron que tales incongruencias poseen relevancia jurídica.

El planteo también incorpora un reporte elaborado por la Auditoría General de la Nación que contradice los argumentos oficiales respecto a los controles sobre los movimientos de las reservas, al señalar que el ejercicio correspondiente a 2025 no fue aprobado y que el seguimiento de los activos se retrasó por la falta de envío de documentación por parte de la autoridad monetaria.

Para los firmantes, esta situación adquiere gravedad institucional y solicitaron dilucidar si las presuntas falsedades guardan vínculo con los delitos investigados, además de pedir que se indague sobre una eventual pérdida calculada en mil millones de dólares en transacciones efectuadas con los metales depositados en el exterior.

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