Una iniciativa legislativa ingresó en la Cámara de Diputados para instituir la capacitación obligatoria, continua y permanente en prevención del suicidio, primeros auxilios psicológicos y abordaje integral de la salud mental. La medida está dirigida a todos los agentes que cumplen funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, sin distinción de jerarquías o modalidades de contratación.
El proyecto propone modificar la Ley 27.130 con la finalidad de incorporar estándares obligatorios de formación y consolidar el sistema federal de prevención, además de proveer recursos de intervención temprana al personal estatal. La propuesta fue dada a conocer durante la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio y toma como antecedentes normativas similares orientadas a funcionarios como la Ley Micaela y la Ley Lucio.
Para justificar la necesidad de la norma, el texto se apoya en cifras de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud y de seguridad pública que contabilizan más de 3.600 muertes por suicidio anualmente en el país. Esa cifra representa un promedio diario de 10 decesos, una cantidad que supera a la de los homicidios dolosos.
Asimismo, el informe detalla que esta problemática constituye la principal causa de muerte por motivos externos en el grupo etario de 15 a 24 años, donde cuatro de cada cinco casos corresponden a varones. Un reporte elaborado por la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires indica que Argentina presenta una tasa de 11,8 suicidios cada 100 mil habitantes, la marca más elevada de su historia y superior a la media global calculada por la Organización Mundial de la Salud.