A cuatro días de la medida cautelar dictada por la jueza de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, que suspendió por 60 días la aplicación de la ley que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, ingresaron tres solicitudes de enjuiciamiento en su contra en el Senado provincial por presunto mal desempeño.
Los expedientes fueron presentados en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento por el diputado provincial Manuel Passaglia, el senador Guillermo Montenegro y el abogado Alfredo Drocchi.
La resolución judicial, emitida en el marco de la causa caratulada como habeas corpus preventivo colectivo, frenó la vigencia de la Ley Nacional 27.801 en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
En ese fallo, Pascual fijó una audiencia para el próximo 16 de septiembre para que funcionarios provinciales de las áreas de Justicia, Seguridad y Niñez detallen las medidas adoptadas y proyectadas para poner en marcha el sistema.
La norma cuestionada, aprobada en febrero a impulso del Poder Ejecutivo nacional, fijó en 14 años la edad de imputabilidad en reemplazo de los 16 años anteriores.
La ley contemplaba un plazo de transición de 180 días para que las provincias adecuaran sus establecimientos de alojamiento para adolescentes.
Tras conocerse la decisión judicial al concluir ese período, referentes del oficialismo y espacios afines cuestionaron al gobernador Axel Kicillof.
Previamente, la organización Usina de la Justicia había radicado una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación funcional, además de pedir su participación como amicus curiae en la causa.
Desde la entidad sostuvieron que la resolución es contraria a derecho y arbitraria, al considerar que vulnera la división de poderes por suspender una ley dictada por el Congreso Nacional.
Asimismo, el organismo indicó que la medida de la jueza se fundamentó en una conjetura sobre un eventual aumento de menores detenidos y dificultades en la infraestructura carcelaria.