
Miles de ciudadanos salieron a protestar el 19 de noviembre de 2026 en rechazo a la reforma fiscal impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella. La iniciativa, llamada Ley de Rescate Económico, apunta a disminuir el déficit fiscal a través de recortes de gastos y una mayor recaudación impositiva.
El proyecto original incluye modificaciones en el impuesto a la renta y en los aportes de salud, subas de tributos a los combustibles y a las bebidas, además de restricciones en la contratación estatal y en el gasto público. El Gobierno retiró la propuesta de elevar el IVA sobre los alimentos básicos, mientras continúa con las negociaciones en el Congreso para definir el texto final.
Diversos sectores expresaron su preocupación por el impacto de estas medidas sobre la población trabajadora y las familias campesinas. Jóvenes y estudiantes manifestaron su descontento ante el temor de que el peso del ajuste recaiga sobre los sectores de menores ingresos.
Por su parte, los especialistas coinciden en la necesidad de ordenar las cuentas fiscales, pero discrepan sobre la forma de instrumentarlo. El economista Henry Amorocho Moreno propuso enfocar los cambios tributarios en los mayores ingresos y revisar privilegios impositivos, al tiempo que cuestionó la falta de un compromiso claro de la administración actual para achicar el gasto.
En contraste, el economista Marc Hofstetter, de la Universidad de los Andes, consideró que el esfuerzo económico debe ser generalizado debido a la gravedad de la situación fiscal. En una línea similar, el analista Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, sostuvo que resulta indispensable ampliar la base tributaria para sanear las cuentas del Estado.
El politólogo Ricardo García Duarte advirtió que la marcha atrás con el IVA desactivó una posible protesta masiva, pero alertó que la necesidad de compensar ingresos mediante recortes del gasto podría afectar programas sociales. Asimismo, señaló que un escenario de inflación y recesión podría reactivar el descontento social.
