La organización no gubernamental Usina de la Justicia formalizó una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual, quien dispuso la suspensión por un plazo de 60 días del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La presentación judicial fue efectuada por el doctor Fernando Soto, apoderado de la entidad, quien indicó que la agrupación se constituyó como querellante en la causa instruida contra la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
Desde la organización calificaron la medida adoptada por la jueza como arbitraria y contraria a derecho, al considerar que vulnera el principio de división de poderes al frenar una norma sancionada por el Congreso Nacional. Además de la denuncia penal, la entidad solicitó su participación como amicus curiae en el marco del habeas corpus que interrumpió la aplicación de la normativa vigente.
La agrupación cuestionó los fundamentos de la resolución de Pascual por basarse en una hipótesis de futuro vinculada a un eventual incremento en la cantidad de adolescentes detenidos y a dificultades en el alojamiento. Al respecto, la ONG señaló que la legislación establece un límite máximo de 15 años para las penas de encierro, descarta las condenas perpetuas e incorpora alternativas a la privación de la libertad.
Asimismo, la organización reclamó la inclusión de la perspectiva de las víctimas de delitos y cuestionó la omisión en el análisis integral de las medidas sustitutivas previstas en el nuevo marco legal. Mediante publicaciones en la red social X, la entidad sostuvo que "Usina de Justicia no dejará pasar el atropello de la jueza bonaerense Marta Pascal, quien suspendió la nueva Ley Penal Juvenil" y ratificó su postura bajo la consigna "Por las víctimas siempre".
En su resolución original, Pascual citó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre a las 10 a funcionarios provinciales de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez para que expongan sobre las acciones adoptadas y proyectadas para la implementación del régimen, instancia en la cual la ONG pidió intervenir. La acción judicial impulsada por Usina de la Justicia coincidió con el anuncio del espacio político La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires sobre la solicitud de juicio político contra la magistrada.