
El oficialismo tiene asegurados los votos para aprobar en general el próximo miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, aunque corre el riesgo de perder un capítulo entero debido al rechazo de sectores dialoguistas. El jueves pasado se realizó un encuentro a puertas cerradas en el Salón de Honor donde el PRO y la UCR se comprometieron a respaldar la iniciativa, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada monobloquista radical Karina Banfi exigieron cambios profundos en el capítulo 7.
Como el oficialismo solo ofreció modificaciones menores, se incrementa la probabilidad de que ese segmento sea rechazado durante la votación en particular. Tras la aprobación general, el proyecto se debatirá por capítulos y el número 7 requiere una mayoría especial de 129 votos porque introduce modificaciones al sistema electoral. Ante la falta de garantía para alcanzar esa cifra, el Gobierno evalúa suprimir el apartado a último momento para preservar el núcleo central de sanciones a empresas petroleras que operan sin autorización en el Atlántico Sur.
La sesión convocada para este miércoles al mediodía incluye además en su temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires para delitos de menores e integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre la AELC y el Mercosur y la enmienda al Protocolo de Montevideo. El cuestionado capítulo 7 establece multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales, además de tipificar delitos vinculados a la injerencia extranjera con penas de prisión.
Entre las conductas penalizadas figuran facilitar operaciones militares o de inteligencia de un Estado extranjero contra la seguridad nacional, poner secretos a disposición de servicios extranjeros y colaborar con operaciones clandestinas. Asimismo, se prohíbe la organización y financiación de campañas de injerencia y actos de sabotaje, aunque el Gobierno introdujo excepciones para la actividad diplomática, la expresión de opiniones, la labor periodística, la investigación académica y la representación abierta de intereses.
Otros aspectos que generan dudas en distintas fuerzas políticas son la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y los protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de barcos, bajo un principio rector orientado a ampliar las facultades del Poder Ejecutivo ante amenazas externas. Desde el peronismo y la izquierda calificaron la propuesta como un caballo de Troya que concentra poder en el Ejecutivo para implementar medidas de excepción como si fueran habituales.
En cuanto a la explotación ilegal de recursos en la cuenca de Malvinas, se mantuvieron las sanciones penales y económicas con penas de hasta 20 años de prisión, pero se excluyó a accionistas con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión con intervención indirecta. Además, las multas previstas se redujeron desde una escala original de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo a un rango de entre 2 mil y 40 mil.
A pedido de bloques aliados, se modificó la integración del Consejo de Seguridad Nacional para incorporar como miembros no permanentes al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente provisional del Senado y a gobernadores. El organismo estará presidido por el Presidente de la Nación y se completará con los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica, con facultades para coordinar estrategias y disponer medidas urgentes ante amenazas graves.
A raíz de un pedido del diputado Eduardo Falcone del MID, el oficialismo incorporó la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso para auditar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional, cuyas medidas deberán ser informadas en un plazo máximo de 48 horas. Otro de los puntos debatidos otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo y permite la inclusión de organizaciones con base en sospechas razonables, lo que fue cuestionado por la oposición debido a la amplitud de los conceptos y el riesgo de discrecionalidad.
