La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó el sobreseimiento del ministro de Economía, Luis Caputo, en una causa judicial que se había iniciado en 2017 por su gestión anterior como secretario y ministro de Finanzas de la Nación.
El tribunal desestimó los planteos del Ministerio Público Fiscal y dio por concluida de forma definitiva la investigación que se extendió por casi nueve años.
The expediente judicial se había abierto a raíz de una denuncia presentada por los entonces legisladores opositores Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde y María Teresa García, quienes apuntaban a presuntas omisiones patrimoniales en declaraciones juradas, lazos con sociedades offshore y posibles incompatibilidades en la emisión de bonos de deuda soberana.
El abogado defensor Matías Cúneo Libarona presentó un memorial para responder a la apelación del fiscal Carlos Rívolo, lo que permitió que los jueces confirmaran la falta de delito en los hechos investigados.
En la resolución, la Cámara Federal avaló los planteos de la defensa y descartó la existencia de malicia en las declaraciones juradas al señalar que el funcionario había declarado su participación en LC Advisors ante la AFIP y en otros registros oficiales.
Sobre la firma Princess International Group Ltd., el tribunal estableció mediante documentación que el beneficiario final era Flavio Caputo, hermano del ministro, y ratificó que el funcionario ya no tenía relación con esa empresa ni con Noctua International cuando se colocaron bonos en octubre de 2016.
Los magistrados indicaron que la emisión de deuda se concretó mediante un mecanismo de oferta pública transparente y en igualdad de condiciones para los inversores, y valoraron el testimonio de Russell Ashcraft, del HSBC Securities Inc., quien descartó la existencia de beneficios o precios diferenciales.
Por último, la Cámara señaló que la colocación de bonos respondió a una directiva de política económica establecida por el Congreso Nacional y no a una determinación personal del funcionario, al concluir que la fiscalía no pudo comprobar ninguna maniobra dirigida a beneficiar a un sector privado.