
Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este sábado que un parque público ubicado a orillas del río Potomac, en Washington D.C., continúe abierto de manera provisional. La medida frena los planes de renovación impulsados por el presidente Donald Trump para reconvertir el espacio en un campo de golf de nivel de campeonato.
En un fallo de 30 páginas, la jueza de distrito Ana Reyes bloqueó temporalmente al gobierno federal para evitar que avanzara con una iniciativa que preveía el cierre de la zona. El pasado 18 de octubre, Trump había asegurado en redes sociales que la clausura se extendería durante 15 meses y convertiría el predio en uno de los mejores campos de golf del mundo.
Reyes determinó que los argumentos esgrimidos por la administración para cerrar el parque constituían un pretexto y señaló que el Ejecutivo infringió al menos dos normativas federales para cumplir con un plazo arbitrario. La magistrada indicó que el gobierno pretendía cerrar de forma indefinida un parque histórico disfrutado a diario por los residentes de la capital.
A pesar de ordenar que el predio —situado cerca del Monumento a Jefferson y a tres kilómetros de la Casa Blanca— permanezca abierto, la jueza aclaró que la administración no está obligada a mantener las actividades de golf en el sitio. No obstante, advirtió que las autoridades no pueden utilizar la falta de dichas actividades como excusa para excluir al público.
La decisión judicial surge a raíz de una demanda interpuesta por la DC Preservation League, una entidad de preservación histórica que argumenta que el proyecto vulnera múltiples leyes federales. Previamente, los abogados de la organización ya habían obtenido otra resolución de la misma jueza para impedir que el Servicio de Parques Nacionales talara árboles o ejecutara cambios irreversibles sin previo aviso.
Desde la organización Democracy Forward, que representa a la liga y a dos habitantes locales, expresaron su conformidad con la medida judicial que detiene lo que calificaron como otro de los proyectos de vanidad del presidente. Por su parte, la asesora jurídica principal Catherine Carroll sostuvo que el empeño de la administración por destruir el espacio habría significado la pérdida irreparable de un lugar muy apreciado. Hasta el momento, la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Departamento del Interior no emitieron comentarios al respecto.
