La diputada nacional Marcela Pagano formalizó dos denuncias judiciales para que se investigue la organización de los eventos del Papa León XIV en el país, a raíz de la controversia generada por una carpa VIP con unos 4.000 invitados y la contratación de una productora.
En una de las presentaciones judiciales, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la legisladora apunta a funcionarios nacionales y porteños por la posible comisión de abuso de autoridad debido al sector exclusivo montado en la misa que el Sumo Pontífice ofreció el 9 de noviembre en el barrio porteño de Palermo.
Pagano indicó que ese sector diferencial contó con carpas, servicio de catering y acomodadores contemplados en el pliego de contratación de la firma DF Entertainment S.A. por un monto de 8.690.000.000 pesos, y advirtió que se habría favorecido a particulares ajenos a la función pública, comitivas oficiales, el cuerpo diplomático o la representación eclesiástica.
El escrito apunta contra las autoridades que dispusieron, autorizaron o ejecutaron tales decisiones y elaboraron el listado de los 250 lugares asignados a ese Gobierno, al tiempo que solicita medidas de prueba para determinar si existieron delitos como malversación de caudales públicos, peculado y administración fraudulenta.
El documento aclara que no se efectúa imputación contra los asistentes al sector exclusivo, a quienes propone como testigos, mencionando entre ellos a Pampita, Yanina Latorre, Valeria Mazza y Claudia Villafañe.
En una segunda presentación, Pagano cuestiona posibles irregularidades en la contratación directa por urgencia de la productora DF Entertainment para llevar adelante la misa papal y la vigilia posterior.
La diputada sostuvo que debe determinarse la fecha en que la administración advirtió la necesidad del servicio, cuándo se inició el trámite y si la urgencia respondía a factores objetivos o a demoras de los propios funcionarios, señalando que una urgencia generada por la inacción de quien debía licitar no habilita la excepción.
Asimismo, exigió indagar sobre la contratación de las firmas Tech Security para seguridad privada y Purgato S.A. para limpieza, vinculadas a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para esclarecer si medió la intervención o influencia de funcionarios públicos en su adjudicación.
La primera de las denuncias quedó radicada en el Juzgado Federal N°5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, mientras que la restante recayó en el Juzgado Federal N°7, bajo la órbita del juez Sebastián Casanello.