El colapso de Ueno Bank desató una crisis política y financiera de gran magnitud en Paraguay, marcada por el manejo de fondos estatales, presuntos conflictos de interés y la dimisión del entonces mandatario Santiago Peña, quien dejó su cargo el jueves 5 de noviembre de 2026.
Todo comenzó el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay intervino la entidad financiera digital por deficiencias de solvencia, lo que derivó de inmediato en una causa penal impulsada por la Fiscalía que ya cuenta con 27 imputados.
Esta situación precipitó la salida de Peña del poder, tras lo cual la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad avanzar con los cargos para someterlo a un juicio político a pesar de su dimisión, dejando la definición del proceso en manos del Senado.
Ueno Bank formaba parte del conglomerado Grupo Vázquez y experimentó un crecimiento acelerado hasta alcanzar cerca de tres millones de usuarios, aunque en paralelo surgieron indicios de financiamiento irregular hacia compañías vinculadas a sus propios dueños.
El Banco Central aplicó la medida de intervención debido a que el índice de solvencia perforó el piso legal establecido, obligando a suspender las transacciones y dejando a los usuarios sin acceso a sus recursos.
Las pesquisas judiciales se centran en tres ejes principales: créditos otorgados a firmas asociadas por encima de los topes permitidos, maniobras contables orientadas a disimular los problemas patrimoniales y cuestionamientos sobre la demora del organismo de control en intervenir.
Uno de los aspectos más sensibles del caso radica en el manejo de capitales estatales, especialmente los recursos del Instituto de Previsión Social destinado a jubilaciones y prestaciones, que depositó entre 800 y 850 millones de dólares en la entidad intervenida.
Distintos informes señalaron que el IPS habría rebasado los topes legales de inversión en el banco mientras otras dependencias del Estado continuaban girando fondos, exponiendo recursos públicos a riesgos severos.
El vínculo entre el exmandatario y el conglomerado empresarial se mantuvo hasta marzo de 2025, cuando Peña ya ejercía la presidencia, aunque el ex jefe de Estado rechazó haber tenido injerencia directa en la institución bancaria.
Adicionalmente, se cuestionó la designación en 2023 de Carlos Carvallo al frente del Banco Central, dado su paso previo por la financiera Ueno, lo que abrió interrogantes sobre posibles conflictos de interés que derivaron en su renuncia solicitada por el propio Peña el 3 de noviembre.
La investigación judicial avanzó el 4 de noviembre con la imputación de 27 personas, entre ellas ocho autoridades del banco y diecinueve allegados a corporaciones del grupo, por delitos que incluyen lesión de confianza, tentativa de estafa y violaciones a las normativas comerciales.
Un magistrado dictó prisión preventiva para exdirectivos como Federico Miguel Vázquez Villasanti y arresto domiciliario para dos mujeres imputadas, luego de los requerimientos presentados por el Ministerio Público.
En el plano financiero, la resolución del banco activó coberturas legales de hasta 228,3 millones de guaraníes por cliente, equivalentes a unos 37.600 dólares, complementadas por una ley para acelerar reintegros de hasta 20.000 dólares, aunque persiste la duda sobre los montos que exceden los seguros y los plazos de restitución.
A nivel institucional, la salida del presidente activa el mecanismo constitucional para que el vicepresidente Pedro Alliana asuma la sucesión, mientras el Parlamento deberá designar a un nuevo vicepresidente para finalizar el período que culmina en agosto de 2028.