Los Ángeles se convirtió en la ciudad más grande de Estados Unidos en prohibir la extracción de petróleo, luego de que el Consejo Municipal aprobara una ordenanza el 28 de octubre. La medida pone fin de inmediato a esta actividad dentro de los límites urbanos en un plazo de 20 años. "Las comunidades en primera línea llevan más de una década exigiendo a la administración de la ciudad una solución a este problema", señaló Wendy Miranda, activista de STAND-LA.
Por su parte, Rock Zierman, director ejecutivo de la Asociación Independiente de Petróleo de California (CIPA), expresó a DW que "la CIPA considera que esta ordenanza constituye una expropiación ilegal de la propiedad privada". La industria petrolera californiana se expandió a principios del siglo XX, pero el crecimiento urbano rodeó la infraestructura con viviendas y escuelas en barrios de clase trabajadora.
Los habitantes cercanos a los pozos denuncian malos olores, mala calidad del aire y problemas de salud como dolores de cabeza y dificultades respiratorias. "Las comunidades que se encuentran en primera línea llevan décadas viviendo cerca de estos lugares tóxicos y pagando las consecuencias con su salud", afirmó Miranda, quien también se desempeña como directora de políticas de Esperanza Community Housing.
En 2022 el Concejo Municipal había aprobado una medida similar que fue impugnada y vencida por las compañías petroleras. Posteriormente, el gobierno de California promulgó una ley que otorga a los gobiernos locales mayores facultades para regular estas operaciones, aunque desde la CIPA anticiparon que las empresas energéticas están preparadas para impugnar la nueva ordenanza.
El volumen de petróleo extraído en la Cuenca de Los Ángeles muestra un declive constante y es un 43 por ciento inferior al de hace ocho años. En cuanto al cierre de los pozos, la normativa exige a los operadores retirar los equipos y sellarlos bajo la supervisión de CalGEM y el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, aunque un porcentaje significativo de pozos inactivos permanece sin sellar durante años.
Miranda indicó a DW que el próximo objetivo de los activistas es acortar el plazo de 20 años y conseguir que el sector petrolero "pague por esta limpieza". Asimismo, expresó su esperanza de que las futuras generaciones "puedan gozar de una mejor salud y respirar un aire más limpio".