La Cámara de Apelaciones de San Luis ratificó la vulneración de la garantía de intangibilidad salarial de dos magistradas y estableció una recomposición con retroactividad a febrero de 2024.
La medida se conoció tras un fallo emitido el 16 de octubre en el marco del expediente 425875/24, impulsado por dos juezas y tres secretarias judiciales frente al Superior Gobierno de la Provincia.
Para llegar a esta conclusión, el tribunal analizó recibos de sueldo, la inflación y distintas pruebas presentadas en el expediente, determinando que existió una merma en los ingresos que afectó la protección constitucional de la independencia judicial.
El planteo judicial ya había contado con un fallo favorable en la instancia inicial, pero tanto las demandantes como la Fiscalía de Estado presentaron recursos de apelación.
Ante esto, la Cámara modificó de forma parcial el criterio previo al adelantar la retroactividad de noviembre a febrero de 2024 y dejar fuera a las tres secretarias del amparo constitucional específico dictado para las juezas.
Por su parte, los argumentos de la Provincia basados en cuestionamientos a las pruebas y en limitaciones financieras fueron rechazados por los conjueces, quienes consideraron que tales motivos no anulan la garantía de la Constitución local.
El artículo 192 de la carta magna provincial resguarda el sueldo de los magistrados contra reducciones, exceptuando deducciones previsionales y generales, un principio que el tribunal conectó con la autonomía del Poder Judicial.
El fallo no estableció montos específicos, porcentajes de incremento general ni una equiparación automática con otras jurisdicciones, limitando el alcance a las dos juezas que impulsaron la acción.
Por último, la resolución dispuso que el Estado provincial cargue con el ochenta por ciento de las costas del proceso de apelación, mientras que el veinte restante recayó sobre la parte actora.