El Tribunal Constitucional español desestimó este miércoles la admisión a trámite del recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la medida del Tribunal Supremo que suspende de forma provisional el derecho al voto de los ciudadanos nacionalizados a través de la llamada ley de nietos. Desde el Ejecutivo manifestaron respeto por la resolución y destacaron que el fallo no entra en el fondo del asunto, al tiempo que señalaron que la vía judicial continúa abierta.
Fuentes del ámbito jurídico comunicaron a la agencia EFE que el tribunal de garantías desestimó el recurso de amparo con una votación de diez votos contrarios a la admisión frente a dos favorables. El fundamento de esta decisión radica en que todavía no se agotó la jurisdicción ordinaria, debido a que el Tribunal Supremo otorgó un plazo para que los ciudadanos afectados por la suspensión cautelar del sufragio puedan presentarse y presentar alegaciones, el cual finaliza este jueves.
La controversia gira en torno a la participación ciudadana en los comicios previstos para el 29 de noviembre. La mayoría de los magistrados del Constitucional consideró improcedente intervenir en esta instancia al tratarse de un proceso judicial que aún se encuentra en desarrollo en el Supremo. La institución encabezada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, había pedido medidas cautelarísimas para garantizar que los votantes afectados participen en las elecciones generales.
Al comienzo de septiembre, el Tribunal Supremo suspendió de manera provisional las incorporaciones al Censo Electoral de Residentes Ausentes correspondientes a los votantes españoles en el extranjero. Esta medida se mantendrá hasta que los consulados certifiquen que los nacionalizados por esta vía cumplen con el requisito de ser descendientes de españoles que sufrieron el exilio por motivos políticos u otras causas.
La denominada ley de nietos corresponde en realidad a una disposición establecida en la Ley de Memoria Democrática de 2022, la cual otorga la posibilidad de solicitar la nacionalidad española a los hijos y nietos de personas que padecieron el exilio. El plazo para presentar las solicitudes finalizó hace un año, y para facilitar su implementación, el Gobierno aprobó una instrucción que da por sentado el carácter de exiliado a todos los ciudadanos que salieron del país entre el inicio de la guerra civil en 1936 y 1955. De esta manera, los solicitantes no debieron aportar documentación probatoria del exilio para acceder al beneficio.
Esta medida fue impulsada como un mecanismo de reparación para agilizar expedientes que habían quedado excluidos bajo la normativa previa de 2007, aunque generó escepticismo ante la posibilidad de un uso electoral. La organización Iustitia Europa y el partido Vox presentaron recursos contra dicha instrucción, lo que llevó al Tribunal Supremo a suspender cautelarmente la inscripción en el censo de unos 163.000 afectados, cuya participación podría influir en los resultados electorales.