El abogado Gregorio Dalbón amplió su presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en el marco de la investigación por el manejo de las reservas de oro. La ampliación se produjo tras conocerse la presunta participación del Deutsche Bank, entidad en la que ambos funcionarios trabajaron, como contraparte en las transacciones que habrían ocasionado pérdidas por 1.023 millones de dólares a la autoridad monetaria, de acuerdo con un informe de la Auditoría General de la Nación.
En su escrito, el letrado requirió que se lleve a cabo un allanamiento en la sede del Banco Central para incautar servidores y casillas de correo institucional de la presidencia y del Directorio, además de los registros de acceso vinculados a la documentación. El objetivo de estas medidas es establecer cómo se eligió a la contraparte, conocer el costo total de las operaciones y determinar si algún involucrado obtuvo una ventaja indebida.
Dalbón argumentó que los elementos probatorios centrales son de carácter documental y electrónico, y señaló en su presentación que los contratos, actas, informes de riesgo y comunicaciones se encuentran en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados. La ampliación de la acusación también sumó a Nicolás Ferro, quien se desempeña como subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y miembro del Directorio del BCRA.
Asimismo, el pedido judicial exige que el Banco Central detalle los motivos y procedimientos en la selección de cada contraparte, la metodología de valuación de las operaciones y el costo total de las mismas, discriminando comisiones, honorarios y primas. También se solicitó que el Deutsche Bank informe si concretó operaciones con el organismo monetario entre 2024 y 2025, remita la documentación respaldatoria y detalle los pagos de comisiones o márgenes percibidos.
En etapas anteriores del expediente, el abogado había requerido la detención de Caputo, de Bausili y del director del Banco Central Juan Curutchet. Los delitos imputados en la causa son defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.